Si, como dijera Dostoyevski, el grado de civilización de una sociedad puede ser medido por el estado de situación de los privados de libertad, entonces, habría que decir que el grado de civilización de los países de América Latina y el Caribe (ALC) está muy lejos del que deben tener las sociedades modernas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha propuesto contribuir a que esa realidad se revierta, colaborando con los países de ALC en la creación de sistemas penitenciarios más modernos, que pongan la preocupación por la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad en el centro de su trabajo.
El problema tiene una enorme magnitud y una tendencia creciente. Hoy la población penitenciaria en ALC es de 1.45 millones, y, de mantenerse el ritmo actual de crecimiento, para 2030 será de 4.5 millones (ILANUD, 2014).
Mientras que, hace 20 años, la mayoría de los países de la región tenían menos de 100 presos por cada 100 000 habitantes, hoy esa tasa supera los 200. En detalle, y según datos del World Prison Brief, en 2016 la tasa de encarcelamiento para ALC era de 305 por cien mil habitantes (242 para Sur América, 308 para Centroamérica y 376 para los países del Caribe), siendo la región del mundo que presenta mayor crecimiento relativo de privados de libertad. En comparación, la tasa promedio mundial es de 144 por cada 100 mil habitantes. Al mismo tiempo, en promedio, por cada cien cupos que existen en la región, hay 171 privados de libertad (ILANUD, 2013; UNODC, 2015).
Esto es consecuencia de una política criminal altamente punitiva que ha centrado los esfuerzos en el incremento de las penas, más que en la rehabilitación social de las personas que han entrado en conflicto con la ley. Esta situación está acompañada de un déficit de infraestructura y equipamiento sin precedentes; estudios hechos por el BID muestran que el atraso promedio regional en este tema es de al menos 30 años (López, M. 2017).
Esta situación impide que los sistemas penitenciarios de ALC cumplan las normas internacionales de respeto y garantía de los derechos de los privados de libertad; genera instabilidad en la gerencia y obstaculiza una administración organizada, segura y efectiva de los centros de reclusión; e impide la entrega eficiente de servicios de rehabilitación. De hecho, la oferta de este tipo de servicios sólo alcanza a un porcentaje mínimo de los privados de libertad; por ejemplo, en Brasil, sólo el 9.6% de los internos trabajan y/o estudian; en El Salvador, el 35.2%; en Argentina el 39.4%; en Chile el 41.1% y en México el 44.5% (PNUD, 2013).
Un aspecto muy grave es la incapacidad generalizada de los sistemas de prevenir la violencia. Entre 2010 y 2016, se registraron al menos 19 motines de alto impacto en ALC: en enero de 2017, en Manaus, Brasil, un motín resultó en 60 muertos; en julio de 2016, en la Granja Penal Pavón, Guatemala, un motín causó 13 muertos y 10 heridos; en marzo de 2016, un motín en una cárcel de alta seguridad en Georgetown, Guyana, produjo 16 muertos; en la cárcel de Uribana, en Venezuela, los motines han sido continuos, el más mortal de los cuales, en enero de 2013, produjo 54 muertes y más de 90 heridos; en Honduras murieron 376 personas tras la catástrofe de la Granja Penal de Comayagua, en 2012, lo que produjo conmoción mundial.
Esta incapacidad de control y el desgobierno instalado también se reflejan en la alta incidencia de la actividad criminal desde las cárceles en ALC, con frecuentes extorsiones y homicidios ordenados desde las prisiones.
A esto hemos llegado en ALC, por la alta punitividad de las políticas criminales y la alta utilización de la prisión preventiva, calculada entre el 30% y el 50% (Carranza, 2009). Según el ILANUD, esta situación prácticamente no ha cambiado en los últimos 15 años.
Esta problemática afecta también a las mujeres. De acuerdo con datos de la Open Society Foundation (2013), 4 en cada 10 mujeres se encuentran en prisión preventiva.
En el fondo, la razón de esta problemática es que la región ha enfatizado más en la ampliación sistemática del número de cupos que en la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
Para cambiar esta realidad, el BID empezó a hacer acompañamiento a los países de la región para que vayan adoptando políticas penitenciarias integrales orientadas a lograr la inserción social de los privados de libertad, basadas en el respeto sus derechos y la plena reinserción familiar y social.
En Centroamérica, por ejemplo, apoyó la creación del Comité Regional de Directores de Sistemas Penitenciarios, un esquema regional de coordinación para el análisis de contenidos de políticas públicas penitenciarias y creó una plataforma de intercambio de buenas prácticas de gerencia y gestión de programas de rehabilitación penitenciaria. Este Comité viene apoyando el desarrollo de sistemas de información confiables que permitan orientar políticas documentadas y desarrollar planes estratégicos.
Desde esta perspectiva, se apoyó la realización de encuestas penitenciarias en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guyana y Bahamas y se acompañó la realización del Censo Penitenciario en Panamá. Esto ha sido acompañado de la capacitación de funcionarios en el uso de sistemas de registro y desarrollo de esquemas de información penitenciaria.
Al mismo tiempo, el BID viene trabajando en el mejoramiento de: (i) la gerencia penitenciaria, incluyendo la del recurso humano; (ii) la identificación de la infraestructura y el equipamiento más adecuado para la atención de los privados de libertad y, (iii) la evaluación de los contenidos de los actuales programas de rehabilitación social penitenciaria y la identificación de sus debilidades y puntos necesarios de fortalecimiento y modernización respecto a los estándares internacionales. En algunos casos, el BID está considerando la firma de acuerdos público-privados que apoyarían estas iniciativas; este es el caso de Colombia.
Sólo si trabajamos en esta dirección podremos asegurarnos que los centros carcelarios en ALC sean reflejo de que la región avanza con claridad hacia mejores estándares de modernidad y desarrollo.
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Andres Restrepo Restrepo es Especialista Líder en Seguridad Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo desde 2010. Anteriormente, fue Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica en el Ayuntamiento de Bogotá, Colombia. Sus áreas de experiencia incluyen el diseño y desarrollo de políticas y estrategias para hacer cumplir la seguridad ciudadana y la construcción de la paz, la resolución de conflictos y el bienestar social. Su formación académica incluye una licenciatura en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Javeriana (Colombia) y estudios de postgrado (maestría y doctorado) en universidades rusas. Actualmente trabaja desde la oficina del BID en Guatemala.
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