Entrevista
Nivaldo Restivo
Coronel, secretario de Estado, Secretaría de Administración Penitenciaria, Estado de São Paulo, Brasil
¿Cuál es la magnitud del problema del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del Estado de São Paulo, y qué medidas se están tomando para remediar este problema?
NR: Brasil es el tercer país con la mayor población reclusa mundial, después de Estados Unidos y China. En Brasil tenemos aproximadamente setecientos mil presos y cerca de un tercio de ellos están en el Estado de São Paulo, donde hoy tenemos, aproximadamente, doscientas trece mil personas encarceladas, pero tan solo ciento cincuenta mil plazas.
Por lo tanto, tenemos un hacinamiento de aproximadamente 42%, a pesar de los esfuerzos en la última década, en la que la Secretaría de Administración Penitenciaria (SAP) inauguró y entregó treinta y tres prisiones con más de treinta mil vacantes. Además, en dos años, bajo mi administración, ya hemos entregado siete prisiones y tenemos otras seis en construcción, que, en total, sumarán más diez mil vacantes.
Sin embargo, el aumento de la estructura no es la única alternativa para resolver el problema del hacinamiento carcelario. Es necesario trabajar políticas públicas que permitan que no se encarcele a la persona y, si la persona es encarcelada, tenemos que trabajar para que no vuelva a la cárcel después de salir de ella. Logramos esto haciendo un trabajo de reinserción social. Aquí en São Paulo tenemos cerca de cuarenta mil presos que trabajan y aproximadamente veintiséis mil que estudian.
¿Y hasta qué punto vuestro sistema de penas y medidas alternativas alivia la presión que se ejerce sobre el sistema penitenciario?
NR: En São Paulo tenemos ochenta y seis Centros de Penas y Medidas Alternativas, una opción que tiene el Poder Judicial para condenar al delincuente a prestar servicios a la comunidad, entre otras condenas y medidas, sin recurrir a la privación de libertad. Tenemos casi veinte mil personas en esta situación, por lo que si no tuviéramos estos centros, nuestra población reclusa sería mucho mayor.
Lo más importante de todo es que la persona no se convierta en un individuo que frecuente habitualmente el sistema correccional, por lo que queremos ofrecerle dignidad y condiciones para trabajar, estudiar o mejorar profesionalmente. Desde el inicio del programa, más de doscientos cinco mil delincuentes han completado una pena comunitaria.
La SAP vigila el cumplimiento de las penas alternativas a través de la Oficina de Coordinación de Reintegración Social y Ciudadanía. Las penas comunitarias solo se pueden aplicar a los condenados hasta cuatro años de prisión y si el delito no ha sido cometido con violencia o amenaza.
Esta Oficina de Coordinación también se encarga de rehabilitar y reinsertar al preso, para que vuelva a la sociedad capaz de seguir adelante sin reincidir. São Paulo es el único estado brasileño que cuenta con una Oficina de Coordinación dedicada exclusivamente a este fin.
Exigiremos del sector privado un servicio mucho mejor del que el Estado puede ofrecer hoy en día, incluida la atención médica, alimentación, puestos de trabajo y educación para los presos.”
JT: Sabemos que São Paulo tiene un plan para adjudicar la concesión de la administración de algunas prisiones a la iniciativa privada.
¿En qué punto estamos en este proceso? ¿Y en qué medida la operación compartida con la iniciativa privada puede ayudar a superar el problema del hacinamiento?
NR: Tenemos dos formas de asociarnos con la iniciativa privada. Una de ellas implica que el Estado construya la prisión y la ceda para una gestión privada, excepto algunas funciones que son específicas del Estado, como la vigilancia de los muros y el transporte de los presos. En este momento tenemos dos prisiones nuevas, terminadas, y vamos a presentar un edicto de licitación para ver qué empresa hará la gestión de estos centros.
La otra forma es la asociación público-privada (PPP). En este formato, el sector privado construye la prisión y después se encarga de la gestión. Esta forma es más favorable porque la construcción tiende a ser más rápida que cuando la realiza el Estado; por otra parte, el Estado no hace ninguna inversión en la construcción y, después de treinta años – que es lo que prevé nuestra legislación – esta prisión pasa para el Estado.
En ambos modelos exigiremos del sector privado una prestación de servicio mucho mejor de la que el Estado puede ofrecer hoy en día, incluida la atención médica, alimentación, puestos de trabajo y educación para los presos. Entendemos que satisfacer estos requisitos aumentará la rehabilitación y facilitará la reinserción social de los presos.
Entendemos que satisfacer estos requisitos aumentará la rehabilitación y facilitará la reinserción social de los presos. La iniciativa privada puede ser muy importante en la gestión carcelaria, ya que tiene un gran legado que ofrecer en cuanto a la reducción de la reincidencia.”
La iniciativa privada puede ser muy importante en la gestión carcelaria, ya que tiene un gran legado que ofrecer en cuanto a la reducción de la reincidencia. En los centros penitenciarios bajo concesión de la iniciativa privada tendremos a aquellos presos cuyo perfil sea más favorable para la reintegración social.
En 2019 visité el sistema penitenciario estadounidense dos veces y también fui a Londres a conocer prisiones privadas. Teniendo en cuenta esta posibilidad, y antes de llevar a cabo nuestra modelización, intentamos ver las mejores prácticas de otros lugares del mundo. Llegamos a la conclusión que funciona muy bien tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, por lo que esperamos tener éxito.
Avanzaremos con los dos modelos de gestión privada de las prisiones. El formato en el que se construye la prisión por parte del Estado ya está más avanzado; el edicto de licitación se presentará en marzo de 2021 y el plan es que en agosto de 2021 ya esté funcionando. Ya contamos con el modelo del otro formato y esperamos que esté para la segunda mitad del 2022.
JT: Poco después de haber asumido el cargo de Secretario, usted hizo posible la transferencia de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC) a centros penitenciarios federales. Entre estas transferencias está el supuesto líder de esta banda criminal.
¿Cuál es la magnitud del problema de las facciones criminales en el sistema penitenciario de São Paulo? ¿Cómo intenta su administración limitar el poder de estas bandas criminales y hasta qué punto es una labor concertada con la administración federal?
NR: El sistema penitenciario está dividido por perfiles, por lo que tenemos algunos centros que albergan a presos vinculados al crimen organizado. No tenemos ese tipo de presos esparcidos por todo el sistema para que no coopten otros presos.
Quien manda en el sistema penitenciario paulista es el Gobierno del Estado de São Paulo. Cualquier preso del sistema penitenciario paulista está sujeto a las normas y a la administración del Estado. El preso puede tener ascendencia sobre el otro preso, que está en la cárcel con él, pero nunca tendrá ascendencia sobre el Estado y negociará con nosotros. Nosotros no negociamos con ningún preso y una demostración muy clara de esto es que quien se declara líder de una organización criminal es enviado para el establecimiento penitenciario federal, donde se le aísla.
Además, tenemos un sistema de inteligencia muy activo que permite una acción temprana en los centros que albergan presos de las facciones criminales. Inteligencia detecta una intención y, antes de que se lleve a cabo, tomamos medidas y trasladamos a los implicados a otro centro.
Incluso cuando no somos capaces de anticipar el evento, al menos sabemos por qué está sucediendo y tenemos la solución adecuada. Este sistema de inteligencia se basa principalmente en el factor humano; gran parte de lo que nos llega proviene de propios presos. Y también usamos tecnologías, en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública y el Ministerio Público del Estado de São Paulo.
Además, tenemos otra alternativa: una prisión de Régimen Disciplinario Diferenciado, en la que se ingresa a los presos que cometen delitos graves, como amenaza a la autoridad, demostrar un plan de fuga o atentar contra la seguridad del sistema. El internamiento en este régimen puede durar hasta 360 días y se realiza previa autorización del juez. Este régimen prevé el aislamiento del resto de la población reclusa y concede solo dos horas en el exterior al día, sin contacto con ningún otro recluso.
Si aun así el liderazgo es muy fuerte, solicitamos una vacante en el establecimiento penitenciario federal, donde actualmente tenemos sesenta presos de São Paulo. La ley brasileña permite la renovación del sometimiento a prisión federal hasta tres años, para segregar a los presos que son altamente perjudiciales para el establecimiento penitenciario de origen.
Tenemos un sistema de inteligencia muy activo que permite una acción temprana en los centros que albergan presos de las facciones criminales. Inteligencia detecta una intención y, antes de que se lleve a cabo, tomamos medidas y trasladamos a los implicados.”
Su gestión de la SAP se ha comprometido a aumentar el uso de allowed to leave, either to work or study, and could no longer leave the con COVID-19, de los cuales cuarenta y dos perdieron la vida, lo que tecnologías de comunicación virtuales, en particular la videoconferencia. ¿En qué consiste esta inversión y cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los resultados hasta la fecha?
NR: Tanto los presos preventivos como los condenados que están respondiendo por otros delitos necesitan presentarse ante el juez para acompañar sus procedimientos. Por lo general, estas presentaciones judiciales presenciales se hacían con escolta policial. ¡Pero podemos hacerlo por videoconferencia!
Cuando mi equipo y yo empezamos en la SAP, había treinta y nueve equipos de vista judicial telemática instalados en el sistema penitenciario. La pandemia favoreció una ampliación porque no queríamos que el sistema judicial se detuviera. De pocos equipos y un contrato antiguo y caro [cada equipo costaba 11 300,00 BRL al mes (unos 1685,00 EUR/2020,00 USD)] pasamos, en abril de 2020, a usar otra herramienta, mucho más barata, y hoy todos las prisiones disponen de vistas judiciales telemáticas. Tenemos 582 equipos y cada uno cuesta 566,00 BRL al mes (84,00 EUR/101,00 USD). Solo con el contrato ya hemos ahorrado 3,5 millones de BRL (más de 521 300,00 EUR/625 300,00 USD).
En 2019, el gasto para escoltar a los presos al Fórum había sido de unos 16 millones de BRL (2 382 580,00 EUR/2 857 433,00 USD), mientras que, con la vista judicial telemática, en 2020 gastamos 4,3 millones de BRL (aprox. 640 000,00 EUR/766 000,00 USD) es decir, hemos ahorrado casi 12 millones de BRL (casi 1 783 000,00 EUR /2 137 000,00 USD).
Y, no solo disminuyen los costes, también disminuye el riesgo porque el preso que está en la calle supone un riesgo de rescate, de un accidente automovilístico, entre otros.
Nuestro contrato de vistas judiciales telemáticas prevé 685 equipos, todos ellos instalados a finales del primer trimestre de 2021. Esta tecnología también ha dado lugar a una disminución significativa de la cantidad de personas que transitan dentro de la prisión. Por cierto, ahora también muchos abogados y funcionarios de justicia utilizan la videoconferencia con los presos. Son muchas las ventajas. Esta tecnología es algo irreversible, está aquí para quedarse y la ampliaremos cada vez más.
Ahora también muchos abogados y funcionarios de justicia utilizan la videoconferencia con los presos. Esta tecnología es algo irreversible, está aquí para quedarse (...)
¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se ha enfrentado la SAP debido a la pandemia de la COVID-19? Y, en medio de las restricciones derivadas de la pandemia, ¿en qué medida se implementaron medidas alternativas al encarcelamiento?
NR: Cuando la pandemia llegó a Brasil, el 26 de febrero de 2020, ya teníamos un protocolo para aplicar en el sistema penitenciario de São Paulo. Entendimos que teníamos que evitar el contacto de los presos con el exterior, por lo que, en primer lugar, suspendimos las visitas. Teníamos presos que salían a trabajar o estudiar que no salieron más. Los profesores y asistentes religiosos tampoco pudieron entrar en las prisiones. Hubo un corte total para evitar contactos que pudieran propagar el contagio y funcionó muy bien. Aun así, fue y es difícil porque los funcionarios entran y salen de la prisión cada día.
Al mismo tiempo, hemos invertido mucho en la higienización de los interiores y también en equipos de protección individual; hemos distribuido más de 3,7 millones de mascarillas dentro del sistema penitenciario.
Estas medidas fueron muy importantes. Aunque lamentamos cada muerte, por supuesto, el año pasado tuvimos doscientos trece mil presos, y de los catorce mil seiscientos infectados con COVID-19, murieron treinta y siete, es decir, una tasa de letalidad inferior a 0,3%. Cabe destacar que la tasa de letalidad es del 2,9% en el Estado de São Paulo y del 2,4% en todo Brasil.
En realidad, murieron más profesionales que presos: de nuestros treinta y cinco mil funcionarios de prisiones, dos mil setecientos se infectaron Durante las restricciones que implementamos a causa de la pandemia, los presos pudieron seguir comunicándose por carta con sus seres queridos. Además, hemos creado el programa «Conexión Familiar», porque entendemos lo importante que es para el preso tener contacto con su familia.
En la primera fase de este programa, permitimos que los familiares se comunicaran con los reclusos por correo electrónico, que los funcionarios de prisiones imprimían, entregaban al recluso y este escribía la respuesta en la parte de atrás. Después, el empleado escaneaba la respuesta y la mandaba a la familia. Se intercambiaron más de cuatro millones de mensajes.
Después pasamos a la segunda fase del programa, dando la oportunidad a los presos de tener visitas virtuales en los fines de semana, a través del equipo que utilizamos para las vistas judiciales telemáticas. Y, en noviembre de 2020, iniciamos la reanudación gradual de las visitas presenciales, aunque limitadas a solo dos horas diarias, con días alternos y según el número de registro del preso. Esta modalidad fue aprobada por los organismos de salud.
Actualmente mantenemos este sistema, sin embargo, la pandemia llevó a niveles preocupantes, por eso cuando hay centros con casos de COVID-19 se suspenden las visitas presenciales en dichos centros. En estas situaciones, la restauración de las visitas depende de la evolución a lo largo de un periodo de catorce días. Tan pronto como la pandemia está bajo control en estos centros, pueden volver a recibir visitas físicas.
En Brasil, el Tribunal Supremo decidió liberar a los presos que pertenecían al grupo de riesgo, y por esta razón nuestra población reclusa bajó. Solo con esta medida judicial salieron más de siete mil presos, que pasaron a arresto domiciliario sin vigilancia.
Nivaldo Restivo
Coronel, secretario de Estado, Secretaría de Administración Penitenciaria, Estado de São Paulo, Brasil
Nivaldo Restivo ocupa el cargo de coronel, se graduó en la Academia de Policía Militar de Barro Branco y tiene Máster y Doctorado en Ciencias Policiales de Seguridad y Orden Público por el Centro de Estudios Avanzados de Seguridad de la Policía Militar en Brasil. Fue jefe de gabinete del exsecretario de Seguridad Pública. Además de haber sido comandantegeneral de la Policía Militar (2017-2018), fue comandante del 1.er Batallón de Policía Antidisturbios (ROTA) y del Mando de Operaciones Especiales de la Policía Militar (COE) en Brasil. Ocupa el cargo de secretario de Estado desde principios de 2019.
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