Artículo
Pedro Liberado & Vânia Sampaio
Según datos de EUROPOL (2021), en 2020, entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (UK), se llegó a informar de hasta 119 ataques terroristas completados, fallidos y frustrados, con el resultado de 25 víctimas mortales.
Además, fueron arrestadas 634 personas como sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo (EUROPOL, 2021), y al final del año se contabilizaron un total de 507 enjuiciamientos y absoluciones por delitos terroristas (EUROPOL, 2021; Ministerio del Interior 2021).
Puesto que algunos de los delincuentes ya habían sido procesados por terrorismo u otros delictos (EUROPOL, 2021), resulta evidente la necesidad de esfuerzos para la desvinculación y la reintegración, tras un proceso de evaluación de riesgos intensivo. Es esta una preocupación que ya se destacó en un informe anterior; EUROPOL (2020, p. 13) advertía sobre la grave amenaza que suponen las «personas con tendencia a las actividades delictivas, incluidas las que actualmente están reclusas, que se radicalizan volviéndose violentas e implicándose en el terrorismo».
Se suma a dicha preocupación creciente que diversos delincuentes violentos terroristas y extermistas (VETO, por las siglas en inglés de «violent extremist and terrorist offenders») ya están saliendo de la prisión o pronto saldrán (EUROPOL, 2020). Tal hecho merece especial atención si consideramos que, solo en 2020, Europa sufrió diversos ataques1 perpetrados por individuos que habían salido de prisión recientemente (EUROPOL, 2021).
El uso de instrumentos de evaluación de riesgos con orientación específica
Sin que deba sorprendernos, la evaluación de riesgos de los VETO en entornos penitenciarios ha emergido como una cuestión primordial en el entramado de la lucha contra el terrorismo (Silke, 2014), especialmente en la UE (Fernández y Lasala, 2021).
Pese a la evolución experimentada por los instrumentos de evaluación de riesgos en los últimos años (Red de Concienciación sobre la Radicalización [RAN], 2019), es evidente la tendencia a abordar algunos conceptos en su sentido más amplio, donde se incluyen los de «ideología», «radicalización», «extremismo» y «terrorismo». En la mayoría de los instrumentos, el debate sobre los procesos e itinerarios que conducen a la radicalización siempre gira en torno a la misma dinámica y factores de riesgo, con independencia de la ideología de la que se trate (Khalil, Horgan, y Zeuthen, 2019; McCauley y Moskalenko, 2017).
Sin embargo, la RAN (Ranstorp, 2019; Sterkenberg, 2019) muestra la diferencia significativa entre el extremismo islamista y el extremismo de derechas en lo que se refiere a relato, ideología, símbolos, vocabulario y lugares de reclutamiento. Por ello, si bien diversos factores de impulso/retirada (incluidos los elementos de protección) son, vistos más en general, transversalmente concurrentes en diversas ideologías radicales/extremistas, dichos factores requieren una exploración (y adaptación) más detallada. Ello exigiría un cumplimiento más estricto de las características inherentes relacionadas con cada tipo de extremismo (véase Hardy, 2018; Klausen et al. 2020; Skleparis y Knudsen, 2020) y tener presentes las variaciones del riesgo en función de la dimensión de género (véase Brown, 2019; Jacobsen, 2017; Pearson y Winterbotham, 2018).
En particular, los tres instrumentos de evaluación de riesgos (es decir, VERA 2R, ERG 22+, RRAP Toolset) analizados en profundidad por la RAN (Cornwall y Molenkamp, 2018) carecían de indicadores/dimensiones únicos relacionados con la ideología y el género.
Además, los instrumentos de evaluación del riesgo de radicalización tienden a centrarse exclusivamente en la evaluación de los VETO, con lo que no tienen en cuenta delincuentes que podrían ser vulnerables a, o estar en riesgo de, un incremento cognitivo de una visión radical.
Así, para ampliar el alcance de la evaluación en el ámbito de la prevención, los procedimientos deben incluir también la identificación de los factores de riesgo de radicalización (y la vulnerabilidad a estos) en el seno de la población delincuente general (por ejemplo el Cribado de Radicalización Individual, IRS; que es parte del ya mencionado RRAP Toolset).
Enfoque del método mixto y de la formación inmersiva transversal
El uso de la tecnología de realidad virtual (RV) en el sistema de justicia penal (SJP) ha ido encontrando defensores, especialmente en lo que a evaluación de riesgos se refiere. Cornet y Van Gelder (2020) sostienen que la RV puede contribuir a la mejora de la validez predictiva de los instrumentos de evaluación de riesgos, ya que, en primer lugar, brinda la oportunidad de observar las conductas en entornos simulados. Y esto es algo totalmente crucial, tal como constatan de-Juan-Ripoll et al. (2018), ya que nada puede proporcionar una conducta más realista que la experiencia en primera persona.
En segundo lugar, la RV puede exponer a los delincuentes a situaciones que provoquen la conducta sin que la seguridad de los demás se ponga en riesgo (Cornet y Van Gelder, 2020). La tecnología de la RV propicia la creación de escenarios de la vida real en que miembros del personal de primera línea y del personal técnico afrontan directamente situaciones que exigen la toma de decisiones.
Entre sus ventajas se cuentan los mejores resultados del aprendizaje y una mejor evaluación de la conducta de las personas implicadas. Puesto que el proceso de evaluación exige que se recopilen datos, en particular a través de entrevistas con internos y com profesionales, para su eficacia es esencial que el personal adquiera competencias que fomenten el uso de instrumentos desarrollados.
Así, las técnicas de aprendizaje basadas en la RV, junto con la formación a distancia, constituirían una forma innovadora de instruir a diferentes profesionales en evaluación de riesgos. En último término, este enfoque de la formación contribuirá a la rehabilitación con éxito de los VETO.
La importancia capital de evaluar y seleccionar actores no institucionales
Actualmente, uno no puede imaginar la promoción exitosa de un programa de reintegración sin contar con el apoyo de la sociedad civil, puesto que el papel esencial que esta desempeña goza de reconocimiento general.
Además, en relación con el proceso de veto de los voluntarios que se dirigen al SJP (tal como se muestra en la Imagen 2) y, más en particular, los delincuentes y antiguos delincuentes, se entiende que: el 38% de quienes respondieron comunicaron que habían comprobado la familiaridad del voluntario con el ámbito; el 37% manifestaron que habían llevado a cabo una comprobación formal de los antecedentes o registros penales; el 16% declararon haber comprobado que la cualificación fuese la apropiada; el 9% comprobaron si los voluntarios tenían experiencia profesional; y, finalmente, el 5% dijeron que no tenían implementado ningún sistema de veto (Matt, 2015).
Así, pues, se hace necesario definir un proceso integral para la selección de actores no institucionales, que implique un cribado intensivo y criterios de veto en la evaluación para su reclutamiento y selección final (para trabajar en estrecha colaboración con el SJP).
La necesidad descrita cobra incluso mayor importancia cuando se trata de la gestión de internos que están/estuvieron radicalizados o son vunerables a la radicalización o corren el riesgo de radicalizarse (por ejemplo, miembros del personal de ONG que trabajan en iniciativas y programas de desvinculación y desradicalización).
Los criterios deben ser homogéneos entre todos los países y programas, para poder establecer un marco coherente y riguroso.
La importancia de la colaboración entre partes interesadas
De hecho, la RAN (2019) identificó obstáculos para el intercambio de información entre organismos; en particular, tenían que ver con cuestiones de confidencialidad y cultura del secreto. Dichos obstáculos constituyen dificultades importantes para la labor compartida entre múltiples organismos en el ámbito del trabajo para la salida (es decir, el trabajo centrado en la desradicalización o desvinculación).
Los aliados no institucionales, por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, son esenciales para garantizar el continuo prisión-salida como profesionales del trabajo para la salida. Sus funciones pueden comprender desde la evaluación de las necesidades de los delincuentes radicalizados o vulnerables a la raidcalización hasta el apoyo a su reintegración en la sociedad (Walkenshorst et al., 2019).
MIRAD: Una nueva (e innovadora) iniciativa europea basada en las prácticas recomendadas
En este contexto, la Comisión Europea, a través de su Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (Fondo de Seguridad Internacional – Policía), financió el proyecto MIRAD.
Este, cuya denominación responde a las siglas de «Multi-Ideological Radicalisation Assessment towards Disengagement», tiene por objeto lograr una aplicación transversal de las herramientas de evaluación de riesgos partiendo del Cribado de Radicalización Individual (IRS, por las siglas de «Individual Radicalisation Screening»)2.
En consecuencia, MIRAD persigue mejorar la aptitud en la aplicación y gestión de herramientas de evaluación del riesgo de radicalización hechas a medida, de acuerdo con la ideología en cuestión, entre personal de prisiones y de libertad condicional y ONG que trabajan en colaboración estrecha con los servicios de prisiones y libertad condcional.
Considerando la preocupación de las ONG/OSC (que colaboran estrechamente con el SJP) por la fiabilidad y la credibilidad, el proyecto MIRAD también se esfuerza por ampliar la colaboración en el ámbito de la desvinculación entre órganos gubernamentales y organizaciones no institucionales, mediante la evaluación de la capacidad y la idoneidad de estas últimas.
MIRAD fomentará la aplicación de la Directiva UE 2016/680 (y más allá), por lo que se someterá a una mayor atención por parte de los decisores sectoriales sobre relaciones cooperativas entre administraciones de prisión y libertad condicional, profesionales del ámbito judicial y ONG.
La alianza del proyecto MIRAD aglutina organizaciones públicas y privadas que se han seleccionado por su experiencia y conocimiento en las áreas de justicia, investigación criminológica y lucha contra el terrorismo, educación y formación. Incluye instituciones dedicadas a la investigación, ONG, empresas privadas y asociaciones sectoriales. El consorcio del proyecto MIRAD está integrado por siete Estados miembros de la UE que, geográficamente, son representativos de Europa: Occidental (Francia3,4, Bélgica5), Central (Polonia6), Sur (Portugal7, España8, Grecia9), y Oriental (Bulgaria10).
1Dresden, Germany; Reading, UK; London, UK; Liège, Belgium; Vienna, Austria.
2La RAN de la Comisión Europea seleccionó el IRS como una de las mejores 14 prácticas de Europa
(de las 226 iniciativas revisadas).
3 Conservatoire National des Arts et Métiers
5 International Association for Correctional and Forensic Psychology – IACFP Europe
6 Polish Platform for Homeland Security
7 IPS_Innovative Prison Systems
8 FUNDEA Euro-Arab Foundation for Higher Studies
Referencias
Aproximar. (2016). Good Practice Guide: Recruitment, training and support of volunteers working in the Criminal Justice Systems. JIVE Project.
Brown, K. (2019). Gender, governance, and countering violent extremism (CVE) in the UK. International Journal of Law, Crime and Justice
Corcoran, M., & Grotz, J. (2015). Deconstructing the panacea of volunteering in criminal justice. In A. Hucklesby & M. Corcoran (Eds.), Voluntary sector and criminal justice (pp. 93-116). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Cornet, L., & Van Gelder, J. (2020). Virtual reality: a use case for criminal justice practice. Psychology, Crime & Law, 26(7), 631-647
Cornwall, S., & Molenkamp, M. (2018). Developing, implementing and using risk assessment for violent extremist and terrorist offenders (RAN EX POST PAPER).
de-Juan-Ripoll, C., Soler-Domínguez, J., Guixeres, J., Contero, M., Álvarez Gutiérrez, N., & Alcañiz, M. (2018). Virtual reality as a new approach for risk taking assessment. Frontiers in psychology, 9.
EUROPOL (2020). European Union Terrorism Situation and Trend report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
EUROPOL (2021). European Union Terrorism Situation and Trend report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Fernandez, C, & de Lasala, F. (2021). Risk assessment in prison. Radicalisation Awareness Network (RAN).
Hardy, K. (2018). Comparing theories of radicalisation with countering violent extremism policy. Journal for Deradicalization, (15), 76-110.
Home Office (2021, March). Operation of police powers under the Terrorism Act 2000 and subsequent legislation: Arrests, outcomes, and stop and search Great Britain, year ending December 2020. GOV.UK.
Jacobsen, A. (2017). Pushes and pulls of radicalisation into violent Islamist extremism and prevention measures targeting these: Comparing men and women. [Master’s thesis, University of Malmö].
Khalil, J., Horgan, J., & Zeuthen, M. (2019). The Attitudes-Behaviors Corrective (ABC) model of violent extremism. Terrorism and Political Violence.
Klausen, J., Libretti, R., Hung, B. W., & Jayasumana, A. P. (2020). Radicalization trajectories: An evidence-based computational approach to dynamic risk assessment of “homegrown” Jihadists. Studies in Conflict & Terrorism, 43(7), 588-615.
Matt, E. (2015). The role and value of volunteers in the Criminal Justice System. A European study. JIVE Project.
McCauley, C., & Moskalenko, S. (2017). Understanding political radicalization: The two-pyramids model. American Psychologist, 72(3), 205–216.
Pearson, E., & Winterbotham, E. (2017). Women, gender and daesh radicalisation: A milieu approach. The RUSI Journal, 162(3), 60-72.
Radicalisation Awareness Network (2019). Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Approaches and Practices (RAN Collection).
Ranstorp, M. (2019). Islamist extremism. A Practical Introduction (RAN FACTBOOK).
Sarma, K. M. (2019). Multi-Agency Working and preventing violent extremism: Paper 2 (Position Paper from RAN H&SC).
Silke, A. (2014). Risk assessment of terrorist and extremist prisoners. In A. Silke (Ed.), Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform (pp. 108–121). Routledge.
Skleparis, D., & Augestad Knudsen, R. (2020). Localising ‘radicalisation’: Risk assessment practices in Greece and the United Kingdom. The British Journal of Politics and International Relations, 22(2), 309-327.
Sterkenburg, N. (2019). Far-right extremism. A Practical Introduction (RAN FACTBOOK).
Walkenhorst, D., Baaken, T., Ruf, M., Leaman, M., Handle, J., & Korn, J. (2019). Rehabilitation Manual. Rehabilitation of radicalised and terrorist offenders for first‑line practitioners (RAN MANUAL).
Pedro Liberado
Pedro Liberado se unió a IPS_Innovative Prison Systems (IPS) en 2018. Ese mismo año comenzaría a coordinar el equipo y portafolio de proyectos de Radicalización, Extremismo Violento y Crimen Organizado. Fue nominado como Director de Investigación dos años después. Además de esas responsabilidades, es accionista y miembro del Consejo de Administración desde el 1 de enero de 2022. Pedro Liberado es Licenciado en Sociología por la Universidad de Coimbra y tiene un máster en Criminología de la Universidad de Oporto. Actualmente es candidato a Doctor en Criminología por la Universidad de Granada.
Vânia Sampaio
Vânia Sampaio es consultora e investigadora de IPS desde septiembre de 2020. Ha trabajado en varios proyectos del portafolio de Radicalización, Extremismo Violento y Crimen Organizado. Es licenciada en Criminología por la Universidad de Oporto y tiene un máster en Terrorismo, Crimen Internacional y Seguridad Global por la Universidad de Coventry, Reino Unido. Es miembro de la Plataforma RAN YOUNG, capacitadora certificada, y completó la edición de 2021 del programa de capacitación “Beca para la Paz y la Seguridad” de la OSCE.
