Entrevista
Jaime Tapia
Asesor en materia penitenciaria del Gobierno Vasco
En octubre de 2021, el País Vasco (comunidad autónoma española también conocida como Euskadi) asumió la gestión de las prisiones de su territorio, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma en asumir dicha responsabilidad, después de Cataluña.
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha expresado su firme compromiso con la reinserción social de los internos. Bajo la dirección del magistrado Jaime Tapia, se ha desarollado una estrategia integral para el nuevo modelo penitenciario. El objetivo de esta estrategia es dotar a las instituciones penitenciarias de una perspectiva humanizada, que respete los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad. El sistema pretende proporcionar las herramientas necesarias para que los internos puedan reintegrarse exitosamente en la sociedad una vez que hayan cumplido su condena.
Esta visión, que a menudo es difícil de conciliar con la perspectiva punitiva de la opinión pública, es aún más compleja en este contexto, ya que la población reclusa del País Vasco comprende a individuos condenados por ETA, una organización nacionalista terrorista vasca.
¿Qué prioridades han sido establecidas por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco desde que asumió la administración de sus prisiones? ¿Qué éxitos destacaría en estos dos años?
JP: Desde que asumimos la gestión de las prisiones en Euskadi, hemos establecido diversas líneas prioritarias que se reflejan en el documento Bases para la Implantación del Modelo Penitenciario.
La primera prioridad es la igualdad y la perspectiva de género. Hemos trabajado para eliminar obstáculos que impiden la igualdad entre hombres y mujeres en nuestras instituciones. Además, hemos puesto en marcha una unidad de madres para que puedan estar con sus hijos, y hemos fomentado el acceso de las mujeres a la semilibertad (tercer grado). Hoy, nuestro sistema tiene en cuenta la perspectiva de género. Otra de las líneas fundamentales se refiere a los hijos e hijas de aquellos que están en prisión. Consideramos crucial considerar el interés superior de los niños en el ámbito de la ejecución penal. Por ello, hemos desarollado un proyecto de atención psicosocial y socioeducativo para menores, buscando minimizar el sufrimiento y mantener las relaciones familiares, que normalmente se cortan y se destruyen como consecuencia del ingreso en prisión.
Mejorar la situación de las personas con enfermedades graves, incurables, y en relación con ésta, las personas mayores de 70 años sería otra área de actuación que contemplábamos. También en el ámbito de la salud mental y las adicciones, hemos abordado estos problemas en aras a minimizar los efectos negativos y brindar el apoyo necesario.
Otro de los ámbitos es mejorar las relaciones y la coordinación con la administración de justicia, los colegios de la abogacía y todos los profesionales que se encuentran involucrados en la administración penitenciaria.
Las cuestiones relacionadas al personal que trabaja en los centros penitenciarios, que requiere un incremento cuantitativo y cualitativo, era otra línea de acción fundamental. Estamos ahora en las últimas fases para establecer las relaciones de puestos de trabajo, lo cual podría probablemente tener una eficacia positiva en el próximo año. Nuestro enfoque es que haya más profesionales involucrados en el tratamiento, como psicólogos, trabajadores sociales, y educadores.
Por último, destaco el objetivo de fomentar tanto el trabajo en el ámbito penitenciario como la integración laboral a través de la formación profesional. Hemos aumentado el número de internos que trabajan y mejorado su retribución.
Para lograrlo, creamos una entidad específica que está aumentando los talleres productivos y la colaboración con empresas.
JT: El plan de Bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi propone estrategias como permitir que las penas cortas se cumplan en semilibertad y fomentar medidas alternativas a la prisión provisional o para personas enfermas.
¿Qué retos y qué resultados han tenido en la aplicación de estas estrategias?
JP: Efectivamente, una de las finalidades fundamentales que buscábamos con el plan era mejorar y ampliar el número de personas que cumplen sus condenas en régimen de semilibertad o mediante medidas alternativas. Sin embargo, estamos condicionados por la legislación penitenciaria y penal vigente en el conjunto del Estado de España. A pesar de esto, hemos logrado avances significativos.
Tenemos la ventaja en cuanto a ciertas partes del estado en que los jueces y fiscales confían y tienen una percepción positiva de las penas y medias alternativas, y las aplican cuando es posible. En este aspecto, se ha visto una mejora significativa en la ejecución de las medidas alternativas, sobre todo mejorando los ratios de personas que están encargadas de su ejecución. También se han firmado acuerdos marco con instituciones públicas para acoger a personas bajo estas medidas.
En cuanto a las penas de prisión que los jueces no tienen otra opción que imponer, ha aumentado sustancialmente el número de personas que cumplen sus penas en semilibertad, que en España se llama tercer grado o libertad condicional. Esto incluye el acceso rápido a regímenes de semilibertad mediante sistemas de control electrónico, especialmente tras la experiencia adquirida durante la pandemia del COVID-19.
Actualmente, alrededor del 30% de los hombres y casi el 40% de las mujeres cumplen penas en semilibertad utilizando este sistema de control. Como demuestra la evidencia, las personas que cumplen condenas en semilibertad tienen tasas de reincidencia inferiores a las personas que cumplen la condena completa en prisión.
Nuestra meta es que el 40% de las condenas sean cumplidas en semilibertad. Esto permitiría alcanzar los propósitos de la pena sin recurrir al internamiento en un centro penitenciario.
Para lograr este objetivo, hemos creado una red comunitaria de viviendas con la colaboración de entidades del tercer sector, que se encargan de apoyar ese proceso desde la semilibertad a la libertad definitiva. Esta solución es fundamental para aquellas personas que carecen de los medios económicos o familiares necesarios para acceder a regímenes de semilibertad. En este momento, disponemos de 80 plazas para personas en esta situación.
¿Qué avances se han producido en la implantación de prácticas de mediación y reparación en el ámbito de la Justicia Restaurativa dentro del Plan mencionado?
JP: La Justicia Restaurativa es una de las medidas fundamentales para garantizar los derechos e intereses de las víctimas. En este sentido, hemos desarrollado dos programas casi desde cero. Uno tiene un enfoque específico en relación con el fenómeno terrorista de ETA en el País Vasco.
Aunque este tipo de criminalidad representa aproximadamente un 10% de la población penitenciaria en los centros penitenciarios de la región, se trata de un fenómeno de victimización colectiva, por lo que se ha considerado crucial abordar las heridas y cicatrices que persisten en la sociedad, a pesar de que la organización terrorista ETA ya no existe desde hace doce años.
Este programa tiene características específicas, tanto en la estructura como en la selección de los facilitadores o mediadores. Estos deben contar con un reconocido prestigio tanto por parte de las víctimas como de los victimarios, para generar un ambiente de confianza y facilitar el proceso.
Estos esfuerzos comenzaron a fines de 2022 y se están llevando a cabo en los centros penitenciarios, así como con aquellas personas condenadas, por delitos de la extinta organización terrorista ETA, que están en semilibertad. El programa también incluye el trabajo con las víctimas del fenómeno terrorista ETA. En este ámbito, estamos coordinados con la Viceconsejería de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Además del proyecto centrado en el fenómeno de ETA, se están llevando a cabo otros programas de Justicia Restaurativa para el resto de la población penitenciaria y otras víctimas. Adicionalmente, en colaboración con un juzgado de ejecución penal de Bilbao, se ha desarrollado un proyecto piloto de Justicia Restaurativa para personas que cumplen la pena de trabajar en beneficio de la comunidad. Este proyecto se inicia con los victimarios y posteriormente se vincula a las víctimas.
¿Cuál es su perspectiva sobre las medidas adoptadas de forma transversal por usted y el Gobierno Vasco, especialmente en lo que respecta a los miembros de ETA condenados por actos terroristas, como los acercamientos a sus lugares de arraigo y las progresiones de grado para regímenes de s
JP: En primer lugar, quiero destacar que hemos logrado algo histórico: todas las personas de la comunidad autónoma del País Vasco que estaban cumpliendo condenas en otras regiones por crímenes relacionados con ETA, están ahora en nuestros centros penitenciarios.
Durante un largo lapso de tiempo, estas personas estuvieron en centros penitenciarios muy alejados de la comunidad autónoma del País Vasco, pero hemos procurado que estas personas ya cumplan sus condenas en proximidad a sus lugares de arraigo, con el objetivo de mejorar su proceso de reinserción.
Además, basándonos en la opinión de expertos, estamos convencidos de que las condenas en terceros grados (semilibertad) favorecen la reinserción, por lo que también hemos impulsado la aplicación de terceros grados para estas personas.
Es de suma importancia destacar que no podíamos tratar a estas personas de manera diferente. Durante este período, hemos defendido que el principio y el derecho a la igualdad exigía que las personas de esta organización fueran tratadas igual que el resto de personas privadas de libertad, con las matizaciones propias de la legislación penitenciaria y penal, que establecen normas específicas.
Además, creemos que la justicia restaurativa puede ser un enfoque más amplio para abordar este fenómeno, examinando las raíces del delito, asumiendo la responsabilidad y abordando el daño causado a las víctimas.
A lo largo de este periodo, he realizado innumerables intervenciones públicas en medios de comunicación y en foros, explicando nuestra postura. Consideramos que todas estas medidas están propiciando, en última instancia, la reconciliación entre víctimas y victimarios. Son procesos en marcha que requerirán un gran cantidad de trabajo y pedagogía durante los próximos años.
Es importante que se entienda que una persona que se encuentra en tercer grado sigue cumpliendo una condena y cuenta con unas limitaciones y obligaciones impuestas por la administración penitenciaria o por el juez. Pero, también tiene la oportunidad de lograr su rehabilitación y reinserción de manera más efectiva.
Además, este enfoque tiene un efecto reparatorio para las víctimas, ya que las personas en tercer grado que trabajan y obtienen ingresos deben destinar una parte de esos fondos para satisfacer la responsabilidad civil con las víctimas.
(...) hemos logrado algo histórico: todas las personas de la comunidad autónoma del País Vasco que estaban cumpliendo condenas en otras regiones por crímenes relacionados con ETA, están ahora en nuestros centros penitenciarios.
Teniendo en cuenta no solo a los presos de ETA, sino también aquellos condenados por delitos de terrorismo asociados a otras ideologías, ¿cómo aborda que el sistema penitenciario enfrente los retos relacionados con el radicalismo y el extremismo violento?
JP: En efecto, el radicalismo y extremismo violento, especialmente el terrorismo islámico, constituyen un desafío para el sistema penitenciario. Aunque no se han detectado problemas excesivos, hemos implementado medidas internas en los centros penitenciarios y hemos estabelecido una estrecha coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Mantenemos una colaboración con la policía autónoma vasca así como con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La vigilancia y control son fundamentales para evitar la proliferación de fenómenos de radicalización y extremismo dentro de los centros penitenciarios. Si detectamos cualquier indicio de este tipo, colaboramos estrechamente con las fuerzas de seguridad para prevenir y abordar el problema.
Además, en la selección de individuos que brindan asistencia religiosa en los centros penitenciarios, nos aseguramos, a través de la supervisión, de que no haya proselitismo yihadista. La vigilancia y control son fundamentales para evitar la proliferación de fenómenos de radicalización y extremismo dentro de los centros penitenciarios.
¿Qué perspectivas tiene para el futuro del sistema penitenciario del País Vasco?
JP: Para el futuro del sistema penitenciario del País Vasco, tenemos dos retos fundamentales por delante.
Por un lado, es necesario abordar la cuestión de las infraestructuras penitenciarias. Al asumir esta competencia, heredamos unos cuantos centros penitenciarios muy antiguos, que datan de 1948 y 1962, además del único centro más moderno construido en 2011. De igual manera, carecemos de centros de inserción social y hemos de mejorar las infraestructuras existentes. Para mitigar esta situación, en el transcurso del próximo año recibiremos un nuevo centro penitenciario, en Guipúzcoa, con una capacidad para aproximadamente quinientas personas, y un centro de inserción social.
Por otro lado, se aborda el tema de las personas que trabajan en los centros penitenciarios. Heredamos una gerencia deficitaria tanto en número de personal, como en calidad.
Se ha generado un incremento de internos que quieren ser trasladados a nuestra comunidad autónoma, pero nos enfrentamos a limitaciones en cuanto al personal y las infraestructuras.
Es crucial afrontar esta situación y enfocarnos no solo en la seguridad y control, sino también en el tratamiento y la atención. Necesitamos incorporar más profesionales que se dediquen a proporcionar tratamiento y apoyo. Asimismo, debemos impulsar que aquellos que se dedican a la seguridad también refuercen su trabajo en aspectos educativos y de tratamiento.
En resumen, mi visión para el futuro del sistema penitenciario del País Vasco implica profundizar y mejorar las líneas de acción ya implementadas y abordar los desafíos existentes.
El objetivo es mejorar la reinserción de los presos y ayudar en su proceso de integración y retorno a la sociedad, lo cual es un desafío que requiere el compromiso de toda la sociedad y las instituciones. Aunque el proceso tomará tiempo y nos enfrentaremos a dificultades, seguimos trabajando.
Jaime Tapia
Asesor en materia penitenciaria del Gobierno Vasco
Jaime Tapia es Asesor, con rango de Viceconsejero, de asuntos penitenciarios del Gobierno Vasco desde marzo de 2021. Durante 33 años, ha ejercido como Magistrado, especializándose en la jurisdicción penal juvenil y de adultos. De 2012 a 2021, fue Presidente de la Sala Penal de Apelación de Álava-España. Además, es Profesor-Tutor de Derecho Penal en la Universidad Nacional a Distancia de España desde 2011, impartiendo conocimientos en los grados de Derecho y Criminología. Ha impartido cursos de Derecho Penal en diversas Instituciones y organismos, y ha participado como ponente en actividades formativas relacionadas con víctimas de delitos, especialmente víctimas menores y mujeres.
