// Entrevista: Ever Martínez
Ministro de Justicia de Paraguay
JT: ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que se ponen a la Justicia Paraguaya, en general, y al sistema penitenciario, en particular?
EMF: Nuestra Constitución vigente tiene 26 años. A la fecha, hay un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de hacer modificaciones sustanciales para lo cual es necesario una Convención Nacional Constituyente, el 15 de agosto asume un nuevo gobierno que ha manifestado públicamente también esa necesidad. Este consenso abarca niveles más amplios aun cuando hablamos de la necesidad de cambios que se necesitan en el sistema judicial.
Los cambios más importantes que han sido consensuados tienen que ver con la independencia judicial – la despolitización de la justicia – y abarca temas como la selección de los magistrados por la vía del Consejo de la Magistratura (que es el órgano a cargo); el enjuiciamiento de los mismos por el Jurado de Enjuiciamiento y también lo que es la autonomía presupuestaria, que no es un tema muy manejado a nivel político pero sí es una necesidad del Poder Judicial a los efectos de gozar de una plena independencia, de tal manera que, cada año, no tenga que estar supeditado a los vaivenes o a los favores políticos.
En cuanto al sistema penitenciario en particular, tenemos un déficit importante en infraestructura penitenciaria: hay más de 14.000 personas privadas de libertad y tenemos sólo 9.000 plazas vigentes. Sin embargo, somos conscientes de que nuevas infraestructuras penitenciarias por sí solas no conllevan a ningún cambio, con lo cual estamos abocados también a cambiar el modelo de gestión penitenciaria.
JT: En el momento en que S.E. tomó juramento del cargo, subrayó el objetivo de “continuar por la senda de la humanización, pero también con mucha firmeza con lo que es la institucionalidad y el sistema penitenciario.” ¿Nos explica, por favor, con más detalle la reforma penitenciaria en Paraguay y que estrategias y medidas están siendo implementadas?
EMF: El punto de partida que tenemos en cuenta, en este sentido, es que no se puede hablar de dignificación de la persona privada de libertad y tampoco de una institucionalidad del sistema penitenciario en las actuales condiciones, casi en colapso, en cuanto al hacinamiento. Hay necesidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios dotados de todas las comodidades y tecnologías necesarias para el cumplimiento del fin constitucional de las penas. También una necesidad muy palpable es dar cumplimiento a leyes vigentes desde la década del 60 que dictan la separación de las personas condenadas de las que están con proceso en curso.
Estamos en plena etapa de licitación de un complejo con cuatro establecimientos penitenciarios con una capacidad total para 5.100 personas privadas de libertad – que daría cobertura al área metropolitana de Asunción – y también dos penitenciarías en Alto Paraná, con capacidad para 2.500 personas. En la etapa inmediata de su ejecución, el primer emprendimiento dará cobertura al déficit actual del 40%. Estas edificaciones cumplen con todos los estándares internacionales en cuanto a tratamiento y diseño. Sabemos que esto de por sí no conlleva a ningún cambio si no nos enfocamos en la gestión.
En este sentido hemos tomado medidas muy importantes en lo que tiene que ver con la profesionalización del servicio penitenciario. La gestión tal como hoy está concebida abarca nada más que conceptos de seguridad prácticamente empíricos, donde los agentes penitenciarios no han tenido ninguna formación para que puedan llevar adelante la delicada tarea que cumplen.
Hoy, sin embargo, con la formación que estamos inculcándoles – está en marcha el primer curso piloto de lo que será la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria – los viejos conceptos son sustituidos por una formación integral para que se conviertan en agentes educadores, conscientes del fin constitucional de la pena y sean articuladores de todas las necesidades de los privados de libertad, para que puedan convertirse en seres útiles para la sociedad.
En el curso de formación se enfatiza la alimentación, la salud, la disciplina en el contexto penitenciario, la organización del tiempo, la formación laboral y la utilización productiva. Las personas aspirantes a convertirse en agentes penitenciarios están en calidad de pasantes y perciben un sueldo mensual durante los seis meses de formación: son tres meses iniciales donde están internados en la sede del curso de domingo a viernes.
Contamos con el asesoramiento técnico del experto en reforma penitenciaria, Roberto Santana, el cual viene por un convenio articulado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Él colabora con nosotros hace casi un año y estamos con la intención de que este vínculo continúe por lo menos un año más.
Somos conscientes de que nuevas infraestructuras penitenciarias por sí solas no conllevan a ningún cambio, con lo cual estamos abocados también a cambiar el modelo de gestión penitenciaria.
JT: En 2016, el sistema penitenciario Paraguayo ha lanzado la marca Muã, su primera marca penitenciaria. ¿En qué consiste este proyecto de trabajo penitenciario?
EMF: Se trata de un proyecto de innovación social muy novedoso que tiene por finalidad visualizar el trabajo en las penitenciarías, dignificar su identidad ante la sociedad y generar conciencia de que el trabajo se encamina a la inserción socio laboral de las personas privadas de libertad. Muã significa luciérnaga en lengua guaraní – su eslogan es “Encendé esperanza” – es la primera marca penitenciaria del Paraguay y la segunda de América Latina.
Hoy tiene un prestigio ganado no solo a nivel local sino internacional, implica un desembolso importante de fondos del presupuesto del Ministerio de Justicia. A los efectos de darle sostenibilidad, realizamos un llamado a concurso para la gestión de esta marca, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El modelo ha sido elaborado por la empresa social Koga y está en la etapa en la que los interesados se acercan para gestionar la marca, incluye empresas muy importantes del país del área textil, así como fundaciones.
La intención con este llamado es conseguir un estándar de calidad elevado y un modelo sustentable, en el que los costos estén acordes a las ganancias y que estas efectivamente lleguen a las personas privadas de libertad. Actualmente participan en la producción de Muã unas 150 mujeres y 80 hombres, la intención es que, una vez que este modelo de gestión esté implementado, el porcentaje de población carcelaria involucrado en este proyecto pueda ampliarse sustancialmente.
Itauguá con presencia del Presidente de la República, Horacio Cartes
JT: ¿Qué hay que hacer para abordar la elevada tasa de presos preventivos (76%) y cuál es la situación del país en cuanto a la utilización de medidas alternativas y el recurso al monitoreo electrónico?
EMF: Contextualizando un poco lo que es el marco legal de la prisión preventiva en el país, el Código Penal vigente, desde el año 2000, ha establecido la excepcionalidad de la prisión preventiva conforme lo manda la Constitución del Paraguay. En esa misma línea, el Código Procesal Penal establece las condiciones para el otorgamiento de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión y, básicamente, la prisión está establecida para los casos en los que pueda haber peligro de fuga u obstrucción a la investigación y también en los casos de vulneración de la vida de las personas.
Estas facultades fueron mermando con el tiempo y ese principio cambió sustancialmente, fue desnaturalizado por una ley que entró en vigencia en el 2011. A partir de esa ley se prohíbe el otorgamiento de las medidas sustitutivas para los casos que tuvieran una expectativa de pena mayor a los 5 años. Así, la población penitenciaria ha ido aumentando de manera sustancial en los últimos años y hoy estamos pagando las consecuencias.
En cuanto al sistema de monitoreo con las tobilleras electrónicas, si bien debería entrar en vigencia en pocos meses, tenemos bastante escepticismo no solamente porque no hay preparativos importantes – de parte del órgano responsable de implementar, que es la Corte Suprema de Justicia – sino en cuanto a ciertas condiciones que se estipularon en la ley.
Eso nos hace escépticos en cuanto a que ayudará a la disminución del hacinamiento. Básicamente sigue la misma línea de esta ley del 2011 que establece condiciones muy elevadas para el otorgamiento de las medidas sustitutivas, entonces no lo vemos como una solución. En su momento, como Ministerio de Justicia, hemos manifestado, tanto a las comisiones de ambas cámaras como al Pleno, nuestras objeciones, pero no han sido atendidas.
La población penitenciaria ha ido aumentando de manera sustancial en los últimos años y hoy estamos pagando las consecuencias.
JT: ¿Cuáles son y qué importancia asumen las entidades externas que están involucradas en el proceso de reforma?
EMF: Tenemos un trabajo muy cercano con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con la creación de la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria. A la vez, el Ministerio de Educación es el órgano que se encarga de la formación y de la educación en los centros penitenciarios.
Hemos ido ampliando la educación más allá de la formación básica. Además, diversas universidades privadas incorporaron no solo tecnicaturas, como también carreras de grado como abogacía y contaduría, para las personas privadas de libertad.
la Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) apreciando los productos de la marca penitenciaria Muã en el Centro Educativo
de Itauguá, Paraguay
Con el Ministerio de Salud, venimos trabajando muy coordinadamente en establecer instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la atención sanitaria en las penitenciarías. Además, hemos venido dotando de personal de blanco a las penitenciarías donde esa dotación es insuficiente para brindar una atención de la salud adecuada.Los cursos de capacitación profesional que se enseñan en los diversos institutos penitenciarios se desarrollan en colaboración con el Ministerio de Trabajo, y luego también tenemos una gran alianza con el Ministerio de Industria y Comercio en lo que tiene que ver con la ubicación y exportación de los productos que se elaboran en las penitenciarías.El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido un aliado muy importante en muchos de los trabajos que venimos haciendo en el sistema penitenciario, así como la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Comité Internacional de la Cruz Roja, PacCTO, la UNOPS y la UNODC.
JT: ¿Podría darnos cuenta de lo que se está concretando en materia de Justicia Juvenil?
EMF: El Paraguay tenía una deuda pendiente ya desde el 2001 cuando se habían dado unos incendios en las instalaciones de lo que eran prácticamente los establecimientos penitenciarios para menores. Se ha tardado en saldar esa deuda, pero el año pasado nada más inauguramos el centro educativo para menores, el más importante del país. Alberga a casi el 50% de los menores privados de libertad del país, en Itauguá. Ha sido el Gobierno del Presidente Horacio Cartes, siguiendo sus precisas instrucciones de dignificar el sistema penitenciario y el sistema de adolescentes infractores.
Hemos dejado de lado el viejo esquema de funcionamiento, ahora tenemos un enfoque amplio, con el fortalecimiento de las tareas de los trabajadores sociales, del personal de blanco, de los psicólogos, de los agentes educadores, etc. Un enfoque que no solamente implica la atención de la salud física sino también la salud mental, la calidad de vida, la participación de la familia, de las comunidades e incluso de las víctimas.
Se trata de un modelo socioeducativo y esto ha ido acompañado del abandono de esas instalaciones muy precarias en las que estaban albergados, donde convivían en pabellones habitacionales de 40 o 50 personas. Hoy comparten habitaciones de dos, con todas las comodidades, lo cual hace que sea mucho más fácil el tratamiento.
Por supuesto, las condiciones de habitabilidad van acompañadas de un modelo de gestión que ha sido bastante exitoso. Venimos trabajando no solamente en el contexto de albergar de estos menores sino también cuando los mismos jueces otorgan las medidas sustitutivas a la prisión; hay una oficina de seguimiento de estas medidas sustitutivas de tal manera que sean efectivamente cumplidas y estos jóvenes no vuelvan al sistema.
JT: ¿Qué es de lo que más orgulloso se siente sobre lo realizado por la justicia del Paraguay?
EMF: Yo he empezado con este gobierno desde el viceministerio de Justicia y hace casi dos años estoy en el carácter del Ministro. El 15 de agosto 2018 hay un cambio de gobierno, entonces, más que una perspectiva de futuro, en cuanto a una gestión como equipo nos queda la satisfacción de dejar bases sentadas muy importantes en lo que es el cambio paradigmático del modelo de gestión del sistema penitenciario.
Eso se ha efectivizado en el sistema de menores porque además del cambio significativo que mencioné, hemos separado el funcionamiento de estos centros educativos de los establecimientos penitenciarios porque anteriormente funcionaban como pabellones independientes de los establecimientos penitenciarios, cuando sabemos que el tratamiento de los menores no es el mismo al de los adultos.
En el sistema penitenciario de adultos estamos sentando las bases para la construcción de estas nuevas instituciones penitenciarias acorde a todos los estándares internacionales y también en cuanto al modelo de gestión, con una academia de formación muy importante, con la malla totalmente diseñada y con un plan piloto en plena ejecución que va a culminar en este periodo de gobierno.
Fuera de lo que tiene que ver con la gestión penitenciaria, el Ministerio de Justicia viene teniendo un papel de coordinador en las políticas públicas en materia de acceso a la información pública. En ese sentido, hemos podido consolidar no solamente la ampliación de las instituciones adheridas al portal – de 92 que teníamos hace muy poco tiempo hemos elevado a más de 300. A finales del 2016, teníamos solamente 12 gobiernos locales adheridos al portal de acceso a la información, hemos elevado ese número a 192. Todavía falta algo, pero es una tarea que la venimos llevando adelante con mucho entusiasmo.
Estos números implican un 1.600% de aumento en poco más de un año y medio y seguiremos en esa senda. Señalar que con el Ministerio de Educación también tenemos una alianza en materia de acceso a la información pública, todo lo que tenga que ver con acceso a la información pública es enseñado en las escuelas públicas del país de tal manera a generar conciencia, ya desde muy temprana edad, de que el acceso a la información pública es un derecho humano. Sin lugar a duda, la instauración y consolidación de este derecho humano es uno de los legados más importantes que deja este gobierno, que no solamente se limita a la gestión del Ministerio de Justicia, sino que es un legado del gobierno nacional y del presidente Horacio Cartes para las generaciones futuras.
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Ever Martínez Fernández es abogado graduado en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Realizó postgrados en universidades de los Estados Unidos e Inglaterra, donde obtuvo títulos de “Senior Managers in Government Program” (Harvard Kennedy School), además del diploma “International Mergers and Acquisitions” (International Bar Association and College of Law of England and Wales) y el LL.M (King’s College London). Fue Viceministro de Justicia (2013-2016) y, anteriormente, había desempeñado funciones como relator de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cuentas y funcionario judicial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. En su hoja de vida también cuenta con experiencia profesional como asesor en varias empresas. Fue coautor de diversas obras jurídicas y expositor en conferencias internacionales.
