Práctica notable – Nigeria
Plan de Abogados de Oficio de la Policía (PDSS)
Consejo de la Asistencia Jurídica Gratuita (LAC), Open Society Justice Initiative (OSJI) & Cuerpo Policial Nigeriano (NPF), Nigeria
Las personas que se encuentran en prisión preventiva en Nigeria son vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales. Rutinariamente, se detiene a los sospechosos sin que se les informe de los cargos que se les imputan y se les deniega el acceso tanto a abogado como a la libertad bajo fianza. A menudo permanecen incomunicados durante mucho tiempo.
La libertad suele concederse de modo arbitrario o supeditada a influencias extrajudiciales. En algunas partes del país no hay un sistema de fianzas en funcionamiento, por lo que se mantiene a los sospechosos en prisión preventiva durante largos períodos. Son muchos los sospechosos que sostienen que la policía les pide dinero para que se les traslade ante el tribunal para poder exponer su caso allí.
Datos del Sistema Penitenciario Nigeriano indican que aproximadamente el 71% de la población reclusa está integrado por personas a la espera de juicio [1]. Los múltiples aplazamientos de (algunos) casos resultan en retrasos graves. Los fiscales, responsables de asegurar el proceso judicial debido en los procedimientos penales, carecen de mecanismos para supervisar o controlar a la policía.
El sistema de denuncias y de registro en la policía es inadecuado, por lo que son muchas las personas a las que se mantiene en prisión preventiva sin que existan registros adecuados que documenten la detención o los cargos que se les imputan.
En concreto, la competencia de los jueces de la primera instancia para, excediendo los límites de la competencia jurisdiccional propia, aplicar medidas cautelares a individuos sospechosos de haber delinquido, mientras se espera una decisión sobre el procesamiento, resulta en la encarcelación inexplicable de personas cuya culpabilidad no se ha demostrado. Son abundantes los casos de personas detenidas que pasan en prisión preventiva más tiempo del que habrían pasado si se les hubiese condenado por el delito que se les imputa.
El Plan de Abogados de Oficio de la Policía (PDSS) se diseñó expresamente para reformar el sistema judicial penal a fin de velar por que las decisiones inmediatas se tomen en el momento del arresto, la imputación y el procesamiento de las personas que, presuntamente, han cometido delitos penales en Nigeria.
El Plan, que fue diseñado por el Consejo de la Asistencia Jurídica Gratuita (LAC) de Nigeria en colaboración con la Open Society Justice Initiative (OSJI) y el Cuerpo Policial Nigeriano (NPF), ha tenido diversos impactos significativos en la descongestión de las prisiones. La medida conlleva que a los sospechosos se les ofrezca asistencia jurídica y asesoramiento inmediatos por abogados de oficio en las comisarías de policía, las 24 horas del día.
El plan entró en funcionamiento en los estados pilotos de Ondo, Kaduna, Imo y Sokoto en 2006 tras un Memorando de Entendimiento (MOU) tripartito suscrito entre las partes colaboradoras [2].
El plan tenía como principal objetivo reducir la duración media y el tiempo de espera hasta recibir asesoramiento jurídico entre la Policía y la Fiscalía. Así se garantiza el respeto absoluto de los derechos humanos de sospechosos, detenidos y personas encausadas/acusadas, así como la resolución de casos simples relacionados con la seguridad y la protección pública.
En consecuencia, el MOU se elaboró basado en la cooperación, la apertura, el respeto mutuo y, principalmente, el respeto del estado de derecho, el proceso debido y los derechos constitucionales de los ciudadanos y las obligaciones del gobierno. En el Memorando se establecían los deberes de cada parte.
Así, al Cuerpo Policial le corresponde apoyar a los abogados de oficio en el desempeño de sus funciones, asegurando que estos puedan acceder a los sospechosos que se encuentran bajo custodia a través de los funcionarios que actúan como enlace con la policía; asistir al LAC mediante aportación que pueda resultar en la determinación justa y rápida de un asunto, y así evitar las dificultades indebidas; y asistir una implantación efectiva del plan.
Se ha encomendado al LAC la prestación de los abogados de oficio que serán responsables del funcionamiento del plan en los 36 estados de la federación y el territorio de la capital federal, Abuja. Además, el LAC designa y despliega el número adecuado de abogados de oficio para garantizar la ejecución eficaz del plan.
La Open Society Justice Initiative ofrece asistencia técnica que incluye la formación para los abogados de oficio y el personal del Cuerpo Policial implicado en la aplicación del programa. Recayó también en esta parte la presentación del manual del programa, y coordinar y supervisar la implantación efectiva del plan.
Finalmente, corresponde al LAC contratar los servicios de abogados de oficio para su posterior asignación a las comisarías del país. Una vez asignado, el abogado de oficio presta asistencia jurídica a toda persona que se pone en contacto con la policía. Los abogados velan por que, en los interrogatorios del sospechoso, la policía actúe de conformidad con el procedimiento debido según la Constitución.
Se aseguran, además, de que, dentro de los límites previstos por la ley, los sospechosos queden en libertad condicional a la mayor brevedad posible. El abogado de oficio también es responsable de asegurar la liberación inmediata de los sospechosos que no han cometido delitos penales.
Durante las fases piloto del programa, el LAC solo pudo aportar abogados de oficio a unas pocas comisarías, y solo en uno de los estados de la federación, lo que distaba mucho de ser adecuado. La razón fue la falta de recursos financieros y humanos. Además, nos enfrentamos a otra dificultad: la falta de conciencia de la organización y de las funciones que esta desempeñaba en aquel momento.
La iniciativa PDSS instaba a un refuerzo de la relación entre el LAC y el Cuerpo Policial Nigeriano, a fin de asegurar que los ciudadanos indigentes pudiesen acceder a su derecho fundamental a disponer de servicios jurídicos, apropiados y a su debido momento, al ser detenidos. La Ley de la Asistencia Jurídica Gratuita de 2011 (Artículo 19(2)) dispone que «Todos los oficiales de la Policía y Tribunales deberán informar a la persona sospechosa de que tiene derecho a contar con los servicios de un abogado desde el momento de la detención y de que, si no puede pagar por dichos servicios, lo puede notificar al Consejo para que, si lo desea, le represente».
La disposición que antecede recibe el apoyo adicional de la Ley de la Administración de la Justicia Penal de 2015 (artículo 6(2)(c)) al disponer que:
“El oficial de la Policía o la persona que haga la detención o el oficial de la Policía al frente de la Comisaría informará al sospechoso del derecho que tiene a:
(…)
(c) representación jurídica gratuita por parte del Consejo de la Asistencia Jurídica Gratuita de Nigeria cuando proceda.»
En 2010, el PDSS abarcó también los Estados de Kebbi y Edo, con el apoyo de la Open Society in West Africa (OSIWA) y el Right Enforcement and Public Law Centre (REPLACE). También la Fundación Mac Arthur ayudó al LAC en la implantación del Plan en los Estados de Rivers y Plateau. REPLACE aplicó el Plan en el estado de Nasarawa con el apoyo de la Embajada Suiza en Nigeria y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En 2015 el Consejo de la Asistencia Jurídica Gratuita llevó a cabo una revisión para evaluar el impacto del PDSS. Principalmente, se concluyó que el programa debía institucionalizarse para devenir parte de las actividades policiales, y que la iniciativa debía aplicarse en el conjunto de la nación.
En septiembre de 2017, el inspector general de la Policía firmó un reglamento por el que se disponía el establecimiento de «servicios jurídicos gratuitos en el marco del Plan de Abogados de Oficio de la Policía para las personas detenidas o arrestadas por la policía». Solo fue posible alcanzar este hito con la defensa constante ante el Cuerpo Policial Nigeriano. En el proceso contamos con el apoyo de nuestros socios, OSJI y REPLACE.
Los éxitos logrados mediante la implantación del PDSS son incalculables en términos de ratio coste-eficacia e impacto. Los abogados que el LAC asigna perciben una compensación para cubrir el coste del transporte hacia y desde las Comisarías de Policía o los Tribunales. El servicio de asistencia jurídica es gratuito para todas las personas arrestadas o detenidas por la Policía.
Finalmente, el sistema judicial penal es el máximo beneficiario de la eficiencia en costes del PDSS. La reducción de las personas detenidas o encarceladas en las Comisarías de Policía/Prisiones reduce la necesidad de recursos materiales para mantener a dichas personas.
Además, el hecho de que muchas de dichas personas permanezcan en el seno de la comunidad en la que desarrollan una actividad económica constituye una contribución al crecimiento económico de la nación.
Por lo que se refiere a impacto, del análisis estadístico, de los informes mensuales correspondientes al período 2005-2013, de cuatro Estados focales, se desprendió un impacto significativo del PDSS en el número de personas sometidas a prisión preventiva.
Con el objetivo de hacer extensivo el plan a todos los Estados de la federación, el LAC mantiene una alianza con el Colegio de Abogados de Nigeria para colaborar en el servicio de asistencia jurídica gratuita a través de abogados privados de todo el país.
El LAC quiere hacer extensivo el plan a todos los Estados de la federación, por lo que mantiene una alianza con el Colegio de Abogados de Nigeria para colaborar en el servicio de asistencia jurídica gratuita a través de abogados privados de todo el país.
Cabe decir que el sistema no está exento de necesidades y dificultades; por ejemplo, la necesidad de que el Gobierno destine una partida presupuestaria al PDSS para que este sea efectivo en todas las formaciones policiales del país.
Además, está la necesidad de apoyo técnico y financiero por parte de organismos donantes y socios en desarrollo, para hacer que el plan funcione mejor y con más eficacia en todo el país.
Bamidele Ibikunle
Bamidele Ibikunle es director de Operaciones Internacionales del Consejo de la Asistencia Jurídica Gratuita de Nigeria (LAC). Ingresó en el Colegio de Abogados de Nigeria en 1990. Ha tenido implicación activa en el Plan de Abogados de Oficio de la Policía (PDSS) desde que este arrancó en 2006. Ha orado en diversos eventos locales e internacionales para contribuir a la difusión de la iniciativa. También está implicado en la formación de abogados en todo el territorio de Nigeria y ha escrito sobre el programa en diversas publicaciones.
