// Entrevista: Arkel Benítez Mendizábal
Secretario General de la COMJIB, Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
La COMJIB es una organización internacional e intergubernamental, con sede en Madrid, que agrupa a los Ministerios de Justicia de los veintidós países que integran la Comunidad Iberoamericana. Es una organización de referencia en la promoción de políticas públicas en materia de justicia y en la formación de alianzas para la construcción de un espacio jurídico más cohesivo. Su misión y objetivos fundamentales son promover políticas públicas con el compromiso de mejorar la calidad de la justicia y hacer el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros.
JT: ¿Cuáles son los grandes objetivos y líneas de trabajo de la COMJIB?
ABM: Tenemos dos grandes vertientes de actuación: la cooperación internacional al desarrollo – desde la que se consigue apoyar el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de justicia y la consolidación de las instituciones llamadas a mejorar la calidad de la justicia – y la cooperación jurídica internacional, fruto de la especial atribución estatutaria, como organismo multilateral capaz de promover, negociar, adoptar y propiciar la implementación de tratados y convenios internacionales.
En lo que respecta a la cooperación jurídica internacional la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional – IberRed – jugó un papel histórico; esta red es fruto del consenso entre la COMJIB, la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Además de optimizar la cooperación jurídica transnacional a través de sus miembros (Jueces, Fiscales, funcionarios de los Ministerios de Justicia y autoridades centrales), la IberRed trabaja de forma coordinada con la COMJIB, colaborando en la identificación y análisis de acciones para mejorar el ámbito de justicia iberoamericano.
Asimismo, la COMJIB está implicada en el impulso de varios instrumentos internacionales como el Convenio de Extradición simplificada – que ya está vigente en varios países – o el Tratado para el Uso de la Videoconferencia en los Sistemas Judiciales de Iberoamérica, entre otros. Nuestras líneas de trabajo son diversas: la lucha contra el crimen organizado transnacional, la modernización de los sistemas de justicia, la reforma de los sistemas penitenciarios, el acceso a la justicia, el fortalecimiento de los Ministerios de Justicia y la prevención del delito.
Hemos diseñado un plan estratégico incorporando el modelo de gestión por resultados alrededor de once objetivos estratégicos y veinticinco iniciativas programáticas a implementar entre 2016 y 2023. Este plan se alinea con las metas de la Agenda 2030, de la ONU, sobre el acceso a la justicia para todos, la promoción de sociedades pacíficas e instituciones sólidas y eficaces.
Se están produciendo hitos significativos sobre todo porque los países miembros están confiando en dar pasos más allá de lo tradicional e incluso más allá de lo Iberoamericano. En 2016 inicié un laborioso proceso ante la Sexta Comisión de la ONU, gracias al impulso del gobierno de España y al copatrocinio de los países iberoamericanos representados en Nueva York, que condujo a adquirir el estatus de Organismo Observador Permanente de la Asamblea General de la ONU.
Este logro conecta con otro tema, de gran importancia: la promoción y negociación del Proyecto de Tratado Internacional Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, el cual vendrá a dotar de validez jurídica en tiempo real a las comunicaciones e información, con la que se asisten los Estados, para la resolución de los casos legales internacionales. Con ello, se verá totalmente refundada la plataforma tecnológica iber@ que, por trece años, ha facilitado las comunicaciones informales entre las autoridades iberoamericanas. Estos eventos se conectan porque éste tratado prevé la adhesión de Estados extra regionales, con lo cual el paso histórico que estamos dando apunta en la dirección de convertirnos en un socio estratégico global en materia de cooperación jurídica internacional.
Arkel Benítez es el Secretario General de la COMJIB desde 2015. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es Abogado experto en Derecho Penal y Procesal y también Notario. Hasta su elección al frente de la COMJIB ocupó varios puestos en el Gobierno de Guatemala: fue Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación y, anteriormente, Viceministro de Apoyo al Sector Justicia, así como el de Asesor Jurídico del Procurador General. Es docente universitario en materias como Teoría General del Estado y Derecho Penal.
JT: ¿Cuáles son los principales retos a los que los países miembros de Latinoamérica y el Caribe se enfrentan en cuanto a sus sistemas penitenciarios?
ABM: En aras de identificar las causas de la problemática penitenciaria y de promover líneas de reforma, conviene hacer referencia al estudio realizó el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en 2012, sobre la situación de la seguridad ciudadana en América Latina: los tres elementos propulsores de la delincuencia en la región giraban en torno al fácil acceso a las armas de fuego, al consumo problemático del licor y de drogas y estupefacientes.
Algunas regiones, además de los problemas de la institucionalidad penitenciaria – como la lucha contra la corrupción, la falta de implementación de protocolos de seguridad e inadecuada infraestructura penitenciaria – se enfrentan a flagelos complejos que hacen aún más cuesta arriba la reforma integral de los sistemas penitenciarios como es el fenómeno de las pandillas. América Latina ha venido batallando contra el problema mundial de las drogas. Hay que recordar que, en 2012, la Organización de los Estados Americanos entra a debatir abiertamente sobre este asunto y se elabora un estudio que resultó en la afirmación de que aquellas regiones de tránsito o tráfico ilegal de drogas (narcotráfico) son las más golpeadas por la violencia.
JT: ¿Cómo es que la COMJIB está apoyando los esfuerzos de modernización y reforma de los sistemas correccionales de los países de Latinoamérica y el Caribe?
ABM: Debemos reflexionar sobre los factores a los que debe atender la política de seguridad y justicia a nivel regional. No obstante el escenario adverso y complejo, venimos propiciando encuentros de expertos y de encargados en materia de reforma penitenciaria y han podido transferirse conocimientos y buenas prácticas.
Algunos países han avanzado en la mejora del diseño de cárceles más modernas y con adecuados modelos de gestión penitenciaria como República Dominicana y Ecuador. A su vez, Chile, Colombia, Argentina y Perú han avanzado en la implementación de vigilancia mediante dispositivos electrónicos encontrando como desafíos no sólo la compleja implementación sino también la falta de uniformidad en el precio de esas tecnologías. En términos generales diríamos que España, Portugal y Uruguay tienen un control bastante global de sus sistemas penitenciarios a los que se empiezan ya a sumar suramericanos que pujan por hacerse un espacio en la calidad total.
En nuestra Asamblea Plenaria de abril de 2017, los Ministros han querido llegar a un nivel de mayor detalle e implicación de sus despachos y crearon el Comité de Reforma de los Sistemas Penitenciarios cuya primera reunión es a principios de 2018; se discutirán, con más propiedad, los retos y desafíos alrededor de la estandarización y armonización de insumos para la mejora de los sistemas penitenciarios, lo que abrirá un diálogo más moderno y claro que seguramente va a beneficiar la región.
