En Iberoamérica vivimos en democracia tras acabar con los regímenes dictatoriales. En tiempos internacionales, eso fue apenas antes de ayer. Cabe recordar que hace tan solo unos años no votaban ni activa ni pasivamente las mujeres, quienes fueron alcanzando ese derecho político en medio de dictaduras y revoluciones. El siglo XX inició con esos y otros obstáculos para las mujeres y con una visión muy reduccionista de la justicia, encasillada en la judicialización de todo tipo de conflictos, en donde el uso excesivo y abusivo del derecho penal marcó toda una época que enturbió las bondades de la justicia y minó los de por sí endebles pilares del Estado de Derecho, anulando, paradójica y paralelamente los derechos de las víctimas.
Este siglo XXI, sin embargo, a pesar de significativas reivindicaciones, todavía no colegislan las mujeres en los parlamentos o su representatividad es mínima frente a la creación de las leyes, lo que nos conduce a reconocer con franqueza que vivimos en democracia a partir de ayer por la noche, sin que ello demerite el reconocimiento a los grandes esfuerzos, sudor y sangre derramada de aquellos héroes y heroínas que pagaron con su vida el boleto a la democracia del que hoy disfrutamos, unos más que otros, porque algunos gozan de la sala VIP del denominado estado del bienestar, mal entendido, mal agradecido y mal correspondido por algunos beneficiarios.
En la medida que un Estado subordina sus instituciones, funcionarios y ciudadanos a la Constitución, desde donde se parte y reparte el poder basado en una norma jurídica suprema, concordada con los Derechos Humanos, enfocada hacia el género y respetuosa de los compromisos internacionales, se puede afirmar que el Estado de Derecho existe. Un buen enunciado a tener en cuenta se remonta a la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789: Artículo 16. Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución. Tan vigente está a tres siglos tal Declaración, que lo único que habría que adicionar al título sería: De las Mujeres y los Hombres, enfoque que sí contempla la Constitución boliviana. No me cabe la menor duda, que la Constitución boliviana, como norma jurídica suprema y fundamental, se convertirá en una de las obras de ingeniería jurídica más importantes del siglo XXI.
Los Estados son libres y soberanos para matizar e imprimir sus propios rasgos a su Estado de Derecho. Mal harían no haciéndolo, porque entonces entrarían en la difícil encrucijada de, ni ser Estados, ni ser de Derechos. Otras democracias han tenido que ajustarse a determinados estándares, porque así lo han pactado y les ha redituado en términos funcionales y económicos como la Unión Europea, integrando países miembros multimatices, plurilingües y multiculturales. El Respeto al Estado de Derecho en la Unión Europea tiene rango de criterio político de inclusión, pues figura dentro de la lista de los Criterios de Copenhague que debe cumplir un Estado para adherirse como nuevo miembro a la Unión Europea. Conocer buenas experiencias en los planos nacionales y estar dispuesto a transferirlas o recibirlas enriquece la cooperación estratégica y permite seguir construyendo el Estado de Derecho en su versión internacional: El multilateralismo jurídico.
El Estado Plurinacional de Bolivia, que ya ha tenido mujeres al frente de su Ministerio de Justicia, ha dado pasos agigantados en la ruta por fortalecer la Real Democracy en el marco de su Estado de Derecho o, viceversa, su Estado de Derecho en el marco de su democracia, en donde la participación de las mujeres ha jugado un rol trascendental. En el ranking mundial de Mujeres al Parlamento publicado por The Global Economy y el Banco Mundial en 2016, Bolivia ocupa el 2º lugar por delante de países como Suecia, Finlandia y Noruega como el país que más mujeres ocupan un escaño en el Congreso, con un 53.10%. Posición mundial refrendada por el Presidente Evo Morales en su discurso en la ONU, con ocasión del 72º período de sesiones de la Asamblea General en septiembre de 2017.
En materia de justicia solemos hablar de grandes categorías socio jurídicas como el acceso universal a la justicia para tenerle permanentemente tomado el pulso a los tribunales y la manera de resolver los pleitos legales. Pero hablamos muy poco por ejemplo, de la génesis de la calidad del debate parlamentario como factor determinante de la calidad de las normas jurídicas que pasan a integrar la denominada seguridad jurídica de un Estado. En Bolivia, los arquitectos de la justica son pues, en su mayoría, mujeres que colegislan con los hombres. Esto nos lleva a correlacionar variables como la de la seguridad jurídica, tan anclada al ámbito del clima de negocios, pero que cada vez más extiende su espectro a elementos que son vitales para proveer certidumbre y previsibilidad en otros sectores como el turismo o la movilidad laboral o académica entre distintos países.
Las Metas Globales del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030 de la ONU van más allá y aspiran, entre otros propósitos, a dotar de identidad jurídica a las personas desde los nacimientos, esto es, aportar certeza y seguridad jurídica al entorno vital y relacional de una persona desde que nace. Y aquí, en este punto, dicho sea de paso, en cuanto a la identidad jurídica de nacimientos en Iberoamérica, Cuba llegará al 2030 con las tareas hechas desde hace medio siglo, ya que a partir de la década de los 60 las niñas y los niños se les inscribe en el registro civil desde el hospital, paso que también han dado recientemente Portugal y España de forma telemática; ambos países son referentes en digitalización de la justicia tanto en Europa como en Iberoamérica.
En este sentido, otra de las metas del ODS 16 propugna por legislar sin discriminación en favor del desarrollo sostenible. Por tanto, un parlamento que pretenda legislar sin discriminación debe, de manera autorreflexiva, equilibrar la balanza de la justicia desde la antesala de la ley. A la luz de lo anterior, no se necesita ser un erudito en matemática para concluir que Bolivia será, hacia 2030, uno de los Estados que llegará con las tareas hechas en ese ODS, con una reducción significativa de la pobreza extrema como telón de fondo y como fruto de políticas sociales articuladas que proyectan una señal clara e inequívoca de las tres estabilidades vitales para un Estado: La estabilidad social, la estabilidad económica y la estabilidad política.
Hemos de asumir, que particularmente el ODS 16 cumple un rol sistémico, ni más ni menos, que para la realización de prácticamente toda la agenda: Un ODS instrumental como lo define el Governance and Law Report 2017 del Banco Mundial. De suyo es comprender que un Estado que dota de derechos a una niña desde que nace puede hacer un mejor control de los beneficios sociales, entre otros, de la ventana de los mil días para su adecuada nutrición y garantizar su seguridad alimentaria y desarrollo piscobiológico para el resto de su vida.
De manera que Promover sociedades pacíficas, el acceso a la justicia e instituciones sólidas que rindan cuentas a todos los niveles, es el epicentro del Estado de Derecho en la versión pragmática (Agenda 2030) de la ONU que da un paso más allá del examen que la Organización viene haciendo al estudio del concepto de Estado de Derecho en los planos nacional e internacional desde hace varios años. Una agenda nutrida por una ciudadanía participativa y codecisora en los grandes asuntos de Estado, tal como es la arena política de la justicia, ya no es un ideal sino un compromiso global de los Estados en donde Bolivia también lleva tareas por adelantando en la forma de abordar el diseño integrador, articulador y operador de su poder judicial.
El rol activo de su Fiscal General Ramiro Guerrero quien lideró la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos – AIAMP – que recientemente entregó el testigo de la Presidencia a la fiscal panameña en Buenos Aires, así como el liderazgo del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional Héctor Arce en nuestra Organización, liderando un Grupo Ad Hoc de países que estudia las bondades que podría tener una sistematización armonizada del Derecho Internacional Iberoamericano, son síntomas de buena salud para un Estado de Derecho boliviano que quiere mostrarse con transparencia y con deseos de compartir su conocimiento en una materia tan sensible y decisiva como es la justicia, así como emplear los mecanismos internacionales de justicia en el marco de su acción exterior.
Con todo, la seguridad jurídica no es un eslabón de la cadena de justicia, sino la materia prima con que se construye esa cadena. Bolivia acaba de dar otro paso ejemplarizante en el ámbito notarial: Convertir a los notarios en funcionarios de carrera tras superar las evaluaciones de oposición al cargo. Concretamente 445 notarios de los cuales 68% son mujeres notarias. Con ello, la justicia boliviana perfecciona el ámbito notarial, aspecto que no es menor por cuanto es un área del Derecho de carácter cotidiana que acompaña a las personas a lo largo de su vida civil y privada, garantizando certeza en el presente y previsibilidad del futuro a sus ciudadanos. El notario es a la vida civil y privada de los ciudadanos, lo que el policía es a la vida pública. El notario es un garante de la seguridad jurídica de las personas, piedra angular del desarrollo social concreto en términos formales para la ciudadanía.
En 2016 desde la Secretaría General a mi cargo, nos embarcamos hacia un claro objetivo ante el máximo concierto de las Naciones: Alcanzar el estatus de Organismo Observador Permanente de la Asamblea General de la ONU, que finalmente nos fue concedido por consenso y, sobre la base del mismo, elevaremos desde lo regional una nueva voz jurídica que, en condición de testigo cualificado, elevará también a la opinión global las buenas prácticas y los avances de países que, como Bolivia, vienen trabajando infatigablemente por una justicia de calidad a fin de poner a disposición de otras latitudes del orbe la experiencia de una justicia con mayúsculas que estamos construyendo desde este Espacio Jurídico Iberoamericano.
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Arkel Benítez Mendizábal es el Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) desde 2015. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es abogado, experto en Derecho Penal y Procesal, notario y también docente universitario en materias como Teoría General del Estado y Derecho Penal. Hasta su elección al frente de la COMJIB, ocupó varios puestos en el Gobierno de Guatemala: fue viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, viceministro de Apoyo al Sector de la Justicia y asesor jurídico del Procurador General.
