// Entrevista: Celso Manata
Director de la Dirección General de Reinserción y Servicios Carcelarios de Portugal
JT: Desempeñó funciones de DG de los Servicios Carcelarios entre 1994 y 2001.
¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema penitenciario portugués de hace 20 años y el actual y que registró una mayor evolución, tanto positiva como negativa?
CM: Estos últimos 20 años han sido muy importantes: noto diferencias “del día para la noche”, y la mayoría de ellas en el sentido positivo.
Cuando llegué al Servicio, en 1994, teníamos algunas instalaciones que eran realmente medievales. Esa realidad fue totalmente superada. Hicimos un recorrido muy largo, aunque también es cierto que durante los últimos años se han producido algunos recortes en la inversión. Estamos inmersos en un conjunto de situaciones complicadas de resolver, pero, como primera idea, en 20 años hubo una gran evolución, sin duda positiva, aunque los últimos años, debido a la crisis, hemos tenido que afrontar situaciones difíciles.
De la misma manera en la que hablo de las instalaciones, podría hablar también de cómo las personas que trabajan en el sistema se relacionan con los reclusos: cambió, de manera radical, para mejor. Obviamente continuamos teniendo situaciones censurables, pero son excepcionales, o sea, aquella idea que en los años 90 había sobre el tratamiento en las prisiones se ha superado; las personas ya dicen que el preso es sujeto del tratamiento. La forma en que el recluso es visto y tenido en consideración es primordial.
Por otro lado, también evolucionamos en la caracterización de la población reclusa. Hace 20 años teníamos más de un 30% de preventivos, ahora tenemos 15%. Este hecho es un salto importante porque un sistema con un alto porcentaje de preventivos tiene más dificultades. Los presos que cumplen condena son más estables y con ellos se consigue trabajar con mayor facilidad. Los preventivos son una población más compleja y con alto índice de rotación y no siempre conseguimos comprender o valorar la inversión que podemos hacer con ellos.
Naturalmente que no todo es positivo. Tenemos, hoy, serias dificultades que no teníamos en el pasado: dificultades presupuestarias realmente significativas y tremendamente condicionantes y no me refiero únicamente a la falta de dinero, sino a todo aquello que el dinero puede comprar. La cuestión del presupuesto y de los medios materiales es central. En esta materia presentamos una evolución muy negativa. ¡No conseguimos hacer más contención en el gasto!
También en lo que respecta a los regímenes hemos tenido grandes alteraciones: el código de ejecución de penas trajo importantes novedades – siempre tuvimos buenas leyes y reformas con las que fuimos reconocidos internacionalmente, pero eran unas leyes muy elásticas, para acogerse mucho a su interpretación. Hoy tenemos una reglamentación muy estrecha, un código de ejecución de penas muy regulado y una regulación general que se fija mucho en los detalles, lo que es positivo.
En esta área todo lo que sea establecido en el código, en la ley, en el reglamento garantiza más aún los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, y permite una mayor impugnación de los hechos. En este dominio, hubo una gran “jurisdiccionalización” en la ejecución de las penas – yo diría que no fue acompañada en términos de refuerzo de medios a nivel de los tribunales, lo que crea cierto ruido y distorsión.
El régimen abierto, por ejemplo, es un aspecto en que estamos peor: la reglamentación condujo al descenso del régimen abierto externo. En aquel entonces teníamos cerca de 500 personas en esa situación y ahora, cuando llegué aquí, teníamos apenas 60. Con esos 500 individuos el número de fracasos que teníamos era muy similar al que tenemos hoy. El problema de la “jurisdiccionalización” es que las personas que no trabajan dentro del sistema (jueces y magistrados del Ministerio Público) tienen una menor capacidad para soportar el riesgo. De hecho – y es algo que el Consejo de Europa ha mencionado repetidas veces – la distribución de las competencias no debe ser hecha de manera aleatoria, sino que tiene que ser muy pensada en función de los grupos profesionales involucrados. Es por eso que se critica mucho a los países en que es el juez quien determina el régimen y la ejecución de la pena. Es la administración penitenciaria la que debería decidir cuál es el régimen aplicable, porque es la administración que conoce y convive diariamente con el recluso. Quien está en los tribunales – puedo decir esto porque soy magistrado – nunca tendrá la posibilidad de conocer realmente la realidad carcelaria. Pero, además de todo eso, su contacto con las prisiones también no es el ideal.
Recientemente encontré a un viejo amigo en una reunión en París – que fue director de la prisión de Luxemburgo – que me contaba que los jueces, en su país, pasaban una semana tomando contacto con la realidad carcelaria y que durante dos días incluso dormían dentro de la prisión. En Portugal, los jueces y los procuradores hacen una visita a las instituciones penitenciarias una única vez, durante una tarde, y, por tanto, esto trae consecuencias en la percepción y comprensión de lo que es cumplir condena.
En estos últimos 20 años pienso que el balance es positivo. ¿Pero estamos en un punto donde querríamos estar? No estamos, estamos muy lejos de ello.
Hay aspectos que empeoraron: algunos tienen que ver con factores financieros, otros con las circunstancias de la vida, por ejemplo, el envejecimiento de la población en las prisiones. Esta es una realidad en toda Europa que, obviamente, condiciona nuestro trabajo en gran medida. El problema de las enfermedades, que en estos últimos años se ha visto agravado sustancialmente y, sobre todo, el problema de la comorbilidad, que también se agravó, dificultan nuestra tarea.
JT: ¿Cuáles son los principales desafíos/problemas a los que se enfrenta el sistema y qué medidas está implementando o va a implementar para solucionar estos problemas?
CM: Una de las realidades que merece estar en primer plano – porque es un problema en sí mismo que genera muchos más problemas – es la sobrepoblación. ¡Un establecimiento penitenciario excesivamente ocupado nunca puede funcionar bien! Este problema puede ser resuelto de dos maneras: o creando más prisiones o disminuyendo el número de reclusos.
Es sabido que, sea al nivel de la ONU o al nivel del Consejo de Europa, la solución apuntada para esta cuestión no pasa por construir más prisiones, pero sí en la disminución de la población carcelaria. Si esto es cierto para un sistema equilibrado, o sea, que tiene una población reclusa en relación a su realidad criminal, aún es más necesario en nuestro caso porque tenemos una realidad criminal que nada tiene que ver con nuestra población carcelaria. Estadísticas de entidades independientes demuestran que los crímenes violentos y el crimen organizado – dos áreas relacionadas con el número de reclusos – han ido descendiendo sistemáticamente. Tenemos una realidad criminal muy “suave” que nada tiene que ver con la de otros países (como Francia o Bélgica, por ejemplo) con gravísimos problemas de inseguridad y de criminalidad violenta, y la verdad es que estos países tienen alrededor de 100 presos por cada 100 mil habitantes y nosotros seguimos con 137.
Las plazas que tenemos disponibles en este momento son más que suficientes para la población reclusa real que deberíamos tener. Deberíamos tener un número en torno a 11 500, si tuviésemos ese número estaríamos en una situación de subocupación.
La gran inversión que se debería realizar debería dirigirse a la reducción de la población. Es eso lo que mantengo y defiendo desde el primer día.
JT: Sabemos que quiere abrir un centro penitenciario específico para presos de mayor edad. ¿En qué consiste realmente esta idea?
CM: En Portugal, como en Europa, hemos constatado un crecimiento muy significativo de presos de avanzada edad. Por otro lado, hemos también constatado que esta población tiene unas características y necesidades muy específicas. Desde luego hay cuestiones de enfermedad, de comorbilidad, hay muchas necesidades que deben ser cubiertas de otra manera.
De cara a esta realidad, la manera de abordarles tiene que ser diferente, porque no estamos hablando de una persona que a los 70 años vaya a buscar su primero empleo, no podemos darle un curso de informática que no entienda, o no podemos incluirlo en un determinado programa.
Algo que me impresiona bastante es que estas personas son extremadamente frágiles dentro del universo penitenciario; son especiales, tienen necesidades especiales y es un grupo cada vez mayor. Es importante que comencemos a pensar en la creación de una respuesta a medida de esa población. Esa respuesta podrá tener diferentes formatos, pero me gustaría probar una primera experiencia, por eso estamos haciendo una búsqueda de personas disponibles o que vieran con agrado una experiencia de esta naturaleza. En función de los resultados obtenidos, veremos en qué lugar se crearía una unidad específica para este tipo de personas. Esto es algo prioritario y pronto se determinará.
Hemos constatado un crecimiento muy significativo de presos de avanzada edad; son personas extremamente frágiles dentro del universo penitenciario.
JT: Fue miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. ¿En qué medida esa experiencia ha contribuido o influenciado su manera de actuar y ver el sistema?
CM: Sí, durante 10 años tuve el placer de ser miembro del CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes).
Fue una experiencia muy importante porque tuve la oportunidad de hacer cientos de visitas a varios países europeos y ver cómo era la situación en cada uno y cómo lidiaban con esas situaciones. Y también fue muy interesante estar en Estrasburgo con compañeros con diferentes puntos de vista y sensibilidades, oír todo lo que tenían que compartir, con tolerancia y receptividad, lo que me permitió, desde luego, tener una visión más abierta y tener una mayor capacidad de análisis en relación a los desafíos que tenemos en Portugal.
Pasé a valorar algunos detalles relativos a la necesidad de crear mecanismos que permitan desarrollar actitudes asertivas y consecuentes en relación al problema de los malos tratos y la tortura. Por otro lado, también me dió cierta tranquilidad verificar que hay países con pocos recursos en los que los desafíos son resueltos de forma satisfactoria en términos de derechos humanos, lo que quiere decir que el dinero no es todo. Algo fundamental para el recluso es el tratamiento y eso no depende exclusivamente del dinero; tiene que ver con la relación que se crea entre los funcionarios y los presos, y esa relación puede ser mucho profesional y “by the book”, pero después le falta el componente afectivo. Algunos países que, quizás, tengan una actitud menos científica en relación al tratamiento, tienen una relación más positiva en términos de la relación cotidiana entre el guardia, el técnico o el director y el recluso, lo que supondrá un resultado más positivo.
Es importante comprender todo este conjunto de variables y es necesario juntar todo y decir que queremos mejorar nuestras condiciones, pero que no queremos perder la relación que tenemos con las personas, pues esa, sin duda alguna, es una relación que, en la mayoría de los casos, es muy positiva y muy importante para la reinserción social.
Tenemos una realidad criminal que nada tiene que ver con nuestra población carcelaria: las plazas que tenemos son más que suficientes para la población que deberíamos tener.
JT: ¿Cuál es el estado de avance de Portugal en materia de medidas alternativas a la prisión y como le gustaría que ese sistema evolucionase a corto-medio plazo?
CM: Faltan varias cosas. Podríamos dividir esta conversación en tre partes: las entradas, la duración de la pena y las salidas.
En las entradas hemos tenido una evolución positiva: bajamos el número preventivos. Aun así, podemos ir más lejos.
El mayor problema está en el nivel de las decisiones y, en esta materia, tenemos varios ítems: tenemos el ítem que tiene que ver con el régimen de semidentención (aunque este régimen no sea significativo). En este momento tenemos en Portugal más de 500 individuos que cumplen condena en días libres (solo el fin de semana); esta es una medida que no tiene ningún efecto en términos de tratamiento penitenciario, pero que nos impide de tener un importante conjunto de infraestructuras disponibles.
Después, tenemos el problema de las penas cortas: mucha gente está en la prisión por no haber pagado multas, una situación que tiene que ser resuelta. No estoy diciendo que la culpa sea de los jueces, únicamente digo que debe ser resuelta. Aún en este segmento, tenemos el problema de las penas largas. Si miramos a Europa, vamos a verificar con mucha facilidad que hay varios países con pena de prisión perpetua en que la media de pena cumplida es mucho menor a la nuestra: por ejemplo, en Holanda la media de pena es de apenas 3 años, mientras que aquí es de 6-7 años. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Hay que tener una actitud de clarificar la comunidad porque, lógicamente, la Justicia está administrada en nombre del pueblo y, por tanto, si el pueblo siente que hay necesidad de este tipo de reacción, el juez tiene que oírlo. Pero también tiene que ver con nosotros, o sea, debemos tener una actitud más proactiva en el sentido de acompañar a los magistrados y proponerles otras soluciones.
Están en curso varias experiencias que están dando un excelente resultado: por ejemplo, colocamos técnicos de nuestra Dirección al lado de los magistrados del Ministerio Público en los juzgados criminales de Lisboa, ayudando a desbloquear situaciones existentes desde el año 2012 y que, en este momento, ya están al día. Estamos aplicando más trabajo en favor de la comunidad; en los casos de delitos asociados a la conducción temeraria o peligrosa, estamos intentado reorientar hacia programas de prevención de la conducción.
Tenemos mucho trabajo que hacer junto a las Magistraturas en el sentido de sensibilizarles. Naturalmente pienso que el CEJ (Centro de Estudios Judiciales) también está envuelto en este esfuerzo; es preciso que los jueces y magistrados tengan formación inicial y permanente para mejorar esta actividad que, a fin de cuentas, tiene todo que ver con lo que Europa dice en relación al sentencing. Es algo que ya existe en otros países y que nosotros tenemos que trabajar.
Luego, tenemos otra parte que respecta a las salidas: aquí la situación es dramática. La mayor parte de nuestros internos sal de la cárcel al final de su condena. Aquí tenemos un recorrido muy grande para hacer porque esto no es comprensible ni justificable.
Otro tema importante se refiere a la posibilidad, prevista en la ley, de que las personas, un año antes de la libertad condicional, salgan con pulsera electrónica. A pesar de estar prevista en la ley, en este momento, si tuviéramos 15 o 16 personas en esta situación sería mucho. ¡Es evidente que está mal!
Algunos de estos problemas son culturales y no se resuelven fácilmente, pero no podemos quedarnos parados a la espera de un milagro.
Por tanto, la idea es de intentar intervenir a nivel legislativo – terminando con la prisión en días libres e intentando incrementar el uso de la pulsera electrónica. No sabemos todavía qué impacto tendrá, pero estoy confiado y expectante en que podrá ser un paso decisivo en un sentido positivo.
JT: ¿Cómo ve el futuro del sector de la reinserción y de los servicios penitenciarios en Portugal?
CM: Tenemos problemas que nos condicionan mucho, principalmente la falta de personal – algo que ha salido en la prensa y no es mentira. Faltan guardias, pero también faltan técnicos, cuyo número ha disminuido mucho: en 1999 teníamos 5348 funcionarios, de los cuales 3864 eran guardias, o sea, el 62%. En 2016, después de la fusión entre los servicios penitenciarios y de reinserción social, tenemos 6299 funcionarios – tenemos mil funcionarios más – y el número de guardias pasó a 4544, o sea, se observa una disminución importante de técnicos. Si los guardias son importantes, la verdad es que la seguridad no es nuestro núcleo de negocio, el nuestro es la reinserción social y el fin de las penas. La seguridad es un requisito que tenemos que asegurar para poder trabajar.
Y, por tanto, tenemos una falta acentuada de guardias penitenciarios, estamos trabajando en ese campo – incluso ahora vamos a contratar 420 – pero más complicado que eso es la falta de técnicos, lo que complica nuestra actividad en el área de la reinserción.
Hemos trabajado de una forma globalmente positiva en la concepción de programas: ya tenemos 14 programas delineados; me refiero a un conjunto de abordajes, de manuales, de orientaciones, de directrices para que las instituciones penitenciarias traten de una manera determinada a un grupo de reclusos. Esos programas no están en todos los establecimientos prisionales porque no hay técnicos para su aplicación. El programa de estabilización emocional, por ejemplo, habría que aplicárselo a todo el mundo, pero los programas y acciones solo pueden ejecutarse si tenemos un equipo técnico suficiente y capaz. Estamos en un punto en el que tenemos a los técnicos en labores burocráticas y no hablando con los internos. Pienso que es fundamental apostar en este tipo de programas en el sentido de avanzar hacia una efectiva reinserción.
De la misma manera, es imprescindible continuar con la actividad de articulación con la comunidad: es necesario celebrar acuerdos y protocolos con un grupo de entidades públicas y privadas, siendo el objetivo el de hacer, cada vez más, conexiones sistemáticas, o sea, procurar colaboradores sostenibles y fuertes que consigan agilizar las actividades en un grupo cárceles. La articulación con la comunidad es importante porque debemos tener una fase en la que los reclusos trabajen fuera – el régimen abierto es un instrumento muy interesante para que se produzca una mayor y más sólida relación con la comunidad – y para eso debemos tener ayuda. Aquí destaco el papel de los municipios. Estas articulaciones no solo ayudan a la reinserción social, sino que también permiten transmitir una imagen de los reclusos diferente de aquella que tienen las personas y que puede y debe ser desmentida con ejemplos positivos.
Si la comunidad tuviera una visión diferente, probablemente sería más comprensiva en relación a las alteraciones legislativas que queremos hacer.
La convivencia de los presos con la comunidad es una inversión y un factor de estabilización, porque tenemos internos que aspiran a estar en régimen abierto.
La reinserción pasa por intentar tener más programas y actividades, de forma estructurada y útil; pasa por una articulación con el tejido empresarial, con otras entidades de la comunidad – en especial con los Ayuntamientos – y con las instituciones particulares de solidaridad social, que son colaboradores indispensables.
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En 2016, Celso Manata fue designado para ejercer las funciones de Director General de Reinserción y Servicios Carcelarios, un cargo que ya le era conocido puesto que había sido director de los Servicios Carcelarios entre 1994 y 2001. En el momento de ese nombramiento, el magistrado ocupaba el cargo de Procurador General Adjunto, siendo especialista en el área de familia y menores. Celso Manata fue también miembro del Comité Europeo de Prevención da la Tortura del Consejo de Europa.
